La prohibición de venta de inmuebles en Táchira creó alarma en la población tras el anuncio del gobernador José Gregorio Vielma Mora.
Paralizar la compra – venta de inmuebles en Táchira es un atentado contra las libertades económicas y el derecho de propiedad. Esta es una de las reacciones de empresas inmobiliarias de la entidad, frente al anuncio realizado por el gobernador José Gregorio Vielma Mora, de que el Gobierno estudia ordenar la paralización de esta actividad en registros y notarias de la entidad.
El gobernador indicó que la medida se implementaría para enfrentar supuestas “mafias delictivas” que estarían utilizando la compra – venta de inmuebles para lavar el dinero de sus operaciones ilegales.
Ya durante el pasado mes de diciembre, a raíz de las medidas de índole monetario implementadas por el presidente Nicolás Maduro, se ordenó, en paralelo, la paralización de las compra ventas de inmuebles en las diferentes dependencias del Saren en todo el Táchira.
La medida se prolongó durante tres semanas y apenas este año se reinició la actividad de registro.
Medida preocupante
La paralización del sistema generó muchos problemas para inmobiliarias, agentes de mediación y particulares que estaban en el proceso de la compra y venta de inmuebles. Luis Pérez, uno de los afectados, señaló que no se explica cómo el gobierno ordena la paralización de una actividad que es lícita, estando prevista y normada en las leyes.
“Yo quería vender mi casa porque necesito el dinero para irme al exterior con mi familia. Cuando ya el negocio se encontraba pactado se paralizó el registro inmobiliario. El cliente le cogió miedo al asunto porque se hablaba incluso de confiscación de viviendas para los nuevos compradores”.
Otros señalaron que no se comprende cómo a otros países con problemas serios y reales de mafias nunca se le ha pasado por la cabeza paralizar una actividad tan esencial como la inmobiliaria.
Hay molestia en el Táchira por este nuevo anuncio del gobernador ya que se constituye en una grave lesión al derecho constitucional a la propiedad y las libertades y garantías previstas en la Carta Magna.