El 80 por ciento de los despidos en Pdvsa afecta a trabajadores que no han asistido a las marchas y apoyan el referendo revocatorio.
La Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela denunció que en los últimos meses los despidos en Pdvsa suman más de 2000 trabajadores, a quienes se les suspendieron sus contratos por no mostrar la lealtad exigida al gobierno y amedrentar a los que se quedan.
José Bodas, directivo de la Federación advierte que los despidos en Pdvsa por “la suspensión de los contratos de trabajo es el subterfugio que utiliza el oficialismo en la industria petrolera para amedrentar al personal fijo y contratado, con el fin de impedir el ejercicio de su derecho constitucional y democrático: el referendo revocatorio”, añadió el dirigente.
De los 2500 trabajadores que forman parte de los despidos en Pdvsa, en los últimos meses el “80% fue porque apoyaron el revocatorio o no acudieron a las marchas”. Explica que en la industria hay 26.000 trabajadores contratados a tiempo determinado con la promesa de que serán incorporados a la nómina fija si son leales al gobierno.
Los despidos en Pdvsa afectan incluso a quienes durante cuatro años han estado bajo la figura de contratados, con lo que la empresa incumple la Ley Orgánica del Trabajo, que obliga al empleador pasarlos a la nómina fija al año de servicio, agregó.
El sindicalista indicó que al mantener por años a un trabajador bajo contrato por tiempo determinado, Pdvsa y las contratistas fomentan la tercerización prohibida en la ley porque es una práctica con la que los patronos cometen fraude laboral.
Bodas afirmó que “los gerentes y jefes rojo-rojitos de Pdvsa convocan continuamente a los trabajadores a charlas proselitistas para que manifiesten su voluntad de apoyo al gobierno en los centros de trabajo, y con carácter obligatorio”.
En el Metro de Caracas los empleados denunciaron también que la persecución laboral la lleva a cabo el presidente del sindicato de la empresa, Edison Alvarado, quien en una entrevista en TVES declaró, en agosto, que 300 trabajadores debían salir porque no estaban identificados con el chavismo.