Si de algo está consciente el gobierno venezolano es de que cada día está más aislado internacionalmente. Todo el dinero que durante años se gastaron para comprar apoyos y conciencias, pareciera que de poco o nada les sirvió. Al gobierno venezolano o no lo apoyan o lo repudian, como consecuencia de la permanente y sistemática violación de los derechos fundamentales de los venezolanos; de la represión a las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos; por la existencia de los 96 presos políticos y, lo más grave e inhumano, por no reconocer la crisis humanitaria en la que estamos sumidos y su postura radicalmente opuesta a permitir y aceptar la ayuda internacional para solventarla.

Este proceso de condena se incrementó a partir del 31 de mayo del año en curso cuando el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, solicitó, con base al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para determinar si en Venezuela se ha producido “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, y se activen los procedimientos diplomáticos que prevé la propia Carta para “promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

En opinión del Secretario General de la OEA si existe una alteración del orden constitucional en Venezuela que afecta gravemente su orden democrático, y ello lo demuestra en un amplio informe de 132 páginas en el que analiza, de manera contundente, la situación política, ética, institucional, así como la crisis humanitaria y la corrupción, que vive actualmente Venezuela.

Ciertamente, solicitar una reunión del Consejo Permanente, que está integrado por los representantes de los 34 Estados miembros de la OEA, no significa en ningún momento la aplicación inmediata de la Carta. Esta es una decisión que corresponde a los gobiernos de manera colectiva, y que toma su tiempo pues la propia Carta prevé una serie de procedimientos que deben ser puestos en práctica y que van desde los buenos oficios para promover el retorno a la institucionalidad democrática hasta la suspensión de la Organización, la cual se adopta con el voto afirmativo de los dos tercios (24 votos) de los Estados miembros de la OEA.

Ahora bien, el gobierno sabe que su credibilidad está profundamente deteriorada por lo que si fuera aislado hemisféricamente las consecuencias serían muy negativas, tanto desde el punto de vista político como económico y ello fortalecería, aún más, la tesis de su rechazo por parte de los venezolanos.

Hasta ahora Almagro le ha ganado la batalla democrática al gobierno venezolano en todos los terrenos y, lo que es más importante, ha generado un proceso de repudio paulatino hacia éste a nivel del continente americano que se une al que ya existe en Europa, con particular énfasis en España.

El gobierno, conocedor de esta situación y guiado por el solo deseo de ganar tiempo a fin de evitar la realización del referendo revocatorio presidencial este año, pues lo perdería así como la subsecuente elección presidencial, ha tratado de crear el espejismo que en nuestro país hay un diálogo entre la oposición y el gobierno. Para tales fines cuenta con la colaboración del Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper y de los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández.

La reciente Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar en la República Dominicana, sirvió de escenario para las escaramuzas políticas y tácticas dilatorias por parte de las autoridades venezolanas a fin de bloquear la invocación de la Carta Democrática en su contra. Trataron de desacreditar al Secretario General de la OEA, no solo con insultos sino presentando una resolución de condena contra Almagro por excederse en sus funciones e intervenir en los asuntos internos de los Estados Miembros, la cual fue rechazada por falta de consenso.

En esta Asamblea General la situación de la democracia en Venezuela, o más bien la desviación dictatorial del régimen, fue el centro de las discusiones y decisiones. Incluso, Venezuela que tanto ha denigrado de la OEA a lo largo de estos años recurre ahora a ella como tabla de salvación política. Por eso propuso y logró la celebración de una reunión del Consejo Permanente el día 21 de junio, para escuchar a los ex presidentes encabezados por Rodríguez Zapatero, sobre el supuesto diálogo que actualmente se lleva a cabo en nuestro país. Esta reunión se celebrará dos días antes de la prevista para el día 23, donde Almagro presentará su argumentación demostrando que en Venezuela ya se quebrantó el orden constitucional por lo que hay que activar, consecuentemente, la Carta democrática.

Zapatero, con toda seguridad y conociendo sus afinidades políticas resaltadas recientemente por el partido populista español Podemos, reafirmará que la única vía para solucionar los problemas políticos, institucionales y sociales que confrontan los venezolanos es el diálogo entre gobierno y oposición y que al respecto el y sus colegas cuentan con respaldos importantes en la región para llevarlo a buen término, comenzando por la Administración Obama. La intención es ganar tiempo y en connivencia con Maduro evitar el referendo revocatorio, como si éste no estuviera claramente previsto en la Constitución. Además, y no extrañaría, quizás culpe a la oposición de no querer dialogar con el gobierno. En fin y ello es muy importante, en esta reunión el gobierno venezolano tratará de demostrar que ya existe un camino, el supuesto diálogo, y por tanto no es necesario discutir lo de la aplicación de la Carta Democrática.

Es verdad que en la Asamblea de la OEA en la República Dominicana quince cancilleres, de países representativos, emitieron un comunicado que en oportunidades no ha sido correctamente interpretado. En primer lugar porque en el se condena implícitamente al gobierno cuando alientan “el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra, entre otras, la separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y las instituciones democráticas” y expresan su apoyo “a la aplicación justa y oportuna de los procedimientos constitucionales,”. Quién está irrespetando la Constitución, quién no acepta la separación de poderes, quién no respeta el Estado de Derecho y no permite la aplicación justa y oportuna de los procedimientos constitucionales como el referendo revocatorio previsto en el Artículo 72 de la Constitución?

En segundo lugar porque se ha dicho que respaldan el diálogo entre el gobierno y la oposición. Esto es cierto y no puede ser de otra manera pues es un mecanismo y procedimiento que tienen que apoyar, pero este apoyo está condicionado a que el diálogo tenga lugar siempre y cuando éste sea oportuno, nacional, incluyente y eficaz, por lo que señalan que este proceso debe llegar a resultados positivos en un tiempo razonable.

En tercer lugar porque aceptan la reunión del 21 de junio para escuchar a los ex presidentes y su informe pero, y en mi opinión es más importante, reiteran su apoyo a la convocatoria de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, prevista para el 23 de junio, la que tendrá como finalidad considerar el informe presentado por Almagro sobre la situación del orden democrático en Venezuela.

En fin, iniciamos una semana llena de expectativas y en la que se determinarán cursos de acción, a nivel internacional, que tendrán gran repercusión sobre la vida nacional. Es verdad que la solución sólo está en nuestras manos pero en un mundo globalizado e interdependiente la actitud que asuman otros gobiernos, así como la opinión pública internacional, tendrá gran influencia en su resolución. Los demócratas venezolanos, hoy mucho más que ayer, cuentan con el apoyo y respaldo a nivel mundial por lo que hay que trabajar para reforzarlo a través de la denuncia, con la verdad por delante, de lo que ocurre día a día en nuestra querida patria.

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20 de junio de 2016.