Estas son las noticias más importantes de la semana y del día:
Lunes 9: Maduro ordenó aumentar 50% del salario mínimo y pensiones
Martes 10: Sabana Grande es el “hogar” de 30 chamos
Miércoles 11: Aumento de precios en alimentos “destroza” bolsillo del venezolano
Jueves 12: Descomposición social fomenta el feminicidio
Viernes 13:
En El Nacional:
“TSJ negó una medida legal que protege a niños ante la crisis”
La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la magistrada Marjorie Calderón, negó la revisión del fallo que rechazó otorgar medida preventiva a los niños frente a la escasez de medicinas que introdujo el Centro Comunitario de Aprendizaje, Cecodap, el 13 de junio de 2016. El abogado Carlos Trapani, quien introdujo el recurso en representación de Cecodap, explicó que la medida preventiva es un mecanismo que establece la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente “para proteger a los niños frente a situaciones graves sin entrar en la rigurosidad de tiempos de juicios que se extienden en el tiempo”. “Con esa decisión los jueces dieron la espalda para priorizar a los niños frente a la crisis”, explica el abogado Trapani. Cuatro acciones legales para proteger a la población y niños frente a la crisis humanitaria se negaron en 2016. Aún una demanda de protección espera por ser admitida ante el TSJ.
“La compra de cabello en la frontera, la “solución” ante la crisis”
La compra de cabello en la frontera colombo-venezolana es la “solución” ante la crisis económica por la que pasan los venezolanos. Los compradores de la cabellera gritan en plena calle: “¡Princesa, te compramos el pelo!”. Los compradores pagan por el cabello entre 50.000 y 80.000 pesos colombianos, el equivalente a 16 y 26 euros. Asimismo, una vez que la peluca con pelo natural está hecha, está en venta por 300 euros o más. Los comerciantes se aprovechan de la desesperación que se vive en Venezuela, quienes cruzan semanalmente la frontera hacia Cúcuta para comprar los productos de la cesta básica alimentaria que escasean en el país.
“Estamos muy cerca de un Fujimorazo”
José Vicente Haro, abogado experto en derecho constitucional, aseguró que la detención del diputado Gilber Caro realizada el día miércoles 11 de enero es una flagrante violación a la Constitución y puede ser el preludio a una ola de detenciones de parlamentarios. «Todo diputado tiene, conforme al artículo N° 200 de la Constitución y N°187 numeral 20 de la Constitución, tiene inmunidad parlamentaria. En virtud de la inmunidad parlamentaria no puede autoridad policial alguna, autoridad militar alguna, autoridad de investigación alguna, de inteligencia alguna, detener o privar de libertad a un diputado sin que exista primero una solicitud de antejuicio de mérito ante el Ministerio Público», dilucidó. Haro también rememoró el «Fujimorazo» de 1992 como un escenario cercano en el horizonte. «Estamos muy cerca de un ‘Fujimorazo’, estamos muy cerca de una disolución de la Asamblea, eso (detención de Caro) es un paso hacia eso, yo lo que vislumbro es un peligro que se cierne fuertemente de manera inminente sobre el Parlamento y sobre los diputados que integran el Parlamento y creo que hoy en día la inmunidad parlamentaria no les va a servir de protección», profetizó.
En Tal Cual:
“Julio Borges: Yo no quiero que la FAN salve al país sino al voto””
El presidente de la Asamblea Nacional afirma que con las últimas acciones, el gobierno pasó de ser un autoritarismo a ser una abierta dictadura. “Las Fuerzas Armadas deben salir de esa cárcel en la cual la han metido de usarlas como si fueran parte del partido de Gobierno y asumir, como dice la Constitución, que ellas son de todo el pueblo, que no se deben a parcialidad o individualidad; y eso pasa porque violaciones a la Constitución tengan un contrapeso, una expresión, una manera de hacer vigente a la Constitución. No estamos pidiendo que la FAN venga a salvar al país, sino que ellas están cumpliendo un papel indebido. Nuestro llamado a la FAN es que se permita que haya elecciones. Yo no quiero que la FAN salve al país sino al voto, pero ellas son fundamentales para que la Constitución se cumpla”, afirmó Borges.
En Reporte Confidencial:
“Sentencia del TSJ es un atropello, una falta de respeto, una grosería”
El expresidente de la Asamblea Nacional (AN) Henry Ramos Allup, se expresó este jueves sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde se anulan todas las sesiones hechas en el Parlamento así como la juramentación de la nueva Junta Directiva, a esto dijo que se trata de «un atropello, una falta de respeto, una grosería». Explicó que la intención de dicha sentencia es que él retome el mando de la AN y proceda a desincorporar a los diputados del estado Amazonas para retirar el desacato al Parlamento y de ese modo se proceda a juramentar nuevamente a la Junta Directiva encabezada por Julio Borges.
En El Nuevo País:
“AN activará mecanismos internacionales tras detención de Gilber Caro”
Este miércoles, la Asamblea Nacional sufrió dos reveses. Por un lado, se detuvo al diputado suplente Gilber Caro, a quien se acusa de encabezar “planes desestabilizadores” y cuya detención constituye para Diosdado Cabello “el primer logro del Comando Antigolpe” y por el otro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una decisión en la que anula las sesiones del 5 y 9 de enero e informa que el presidente Nicolás Maduro rendirá su Memoria y Cuenta ante el Máximo Tribunal. La recién nombrada Junta Directiva del Parlamento acompañada de varios diputados, se pronunciaron ante lo que califican de “acto inconstitucional que busca infundir miedo”, la detención del diputado Caro. De acuerdo a Borges, lo que ocurre en Venezuela es “represión pura y dura. Lo que está haciendo el gobierno es un delito llamada terrorismo de Estado y existen instancias internacionales a las cuales vamos a acudir para demandarlos”, aseguró el presidente de la Asamblea. Acudirán a la Unión Interparlamentaria, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y a todos los organismos “que sean necesarios”.
En El Universal:
“Capriles afirmó que la Contraloría pretende inhabilitarlo políticamente”
El gobernador de Miranda Henrique Capriles afirmó que en la audiencia realizada este jueves por la Contraloría de la República se tomó la decisión otorgarle una multa y de dictar su responsabilidad política por el procedimiento administrativo que se abrió en su contra el pasado 7 de septiembre del 2016. La tarde de este jueves el contralor general Manuel Galindo, presentó la declaración del acto de la audiencia donde rechazó que el caso estuviese relacionado con el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. El gobernador de miranda aseveró que no fue solo un acto sino que tomó la decisión de la primera fase para inhabilitarlo políticamente. “Están construyendo el camino para más adelante dictarnos una inhabilitación”, dijo Capriles a través de una transmisión en Periscope.