El TSJ declaró nulas
las acciones de la Asamblea Nacional por continuar en desacato al Poder Judicial, por lo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, en pleno ejercicio de sus funciones, deberá rendir su mensaje anual ante el organismo judicial, en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos durante el año anterior.
El Tribunal Supremo de Justicia considera que durante la instalación de la Asamblea Nacional y la elección de la nueva junta directiva el pasado 5 de enero, el Parlamento violó su propio Reglamento Interior y de Debates, razón por la cual todas las actuaciones parlamentarias desplegadas desde ese día también son nulas, incluyendo la sesión del 9 de ese mismo mes y año, todo ello conforme a lo examinado en las sentencias números 2 y 3, publicadas el 11 de enero de 2017, por la Sala Constitucional.
Además la Sala Constitucional ordena a los diputados que conformaron la Junta Directiva durante el año 2016, que antes de instalar el segundo periodo de sesiones y elegir válidamente a la Junta Directiva para el año 2017, deben concluir el desacato al Poder Judicial.
El texto expresa que el TSJ declaró nulas las acciones ejecutadas por la Asamblea Nacional, ya que el Poder Legislativo debe acatar las sentencias números 808 y 810, de fechas 2 y 21-09-2016, respectivamente; la sentencia 952 del 21 de noviembre de 2016, así como también las decisiones 1012, 1013, 1014 del 25-11-2016 y la N° 1 del 06 de enero de 2017, en las que se ha ratificado el desacato por parte del Parlamento Nacional a las decisiones N° 260 del 30-12-2015, 1 del 11-01-2016 y 108 del 01-08-2016, emanadas de la Sala Electoral del TSJ.
En ese sentido, el órgano judicial ordena a los diputados que se encuentran en omisión parlamentaria inconstitucional y en desacato a varias sentencias del Poder Judicial a que desistan inmediatamente de tales actuaciones y ejerzan sus atribuciones conforme a la Carta Magna y al resto del orden jurídico.
Para finalizar el Tribunal Supremo de Justicia reitera el llamado a los diversos actores políticos del país, para que utilicen la vía del diálogo como herramienta fundamental para dirimir las diferencias políticas y, en especial, para cumplir los deberes, fines y normas constitucionales, en función de garantizar la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y de procurar la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo.