El director, de la Superintendencia Nacional para los Derechos Socioeconómicos (Sundde), Williams Contreras, continúa con las rebajas impuestas a comercios y ordenó la reducción inmediata de precios así como la venta supervisada de productos de las tiendas de ropa infantil EPK a partir de este 22 de diciembre.
“Hemos ordenado a esta empresa una reducción inmediata en las 31 tiendas que tienen en toda los precios que tienen en ropa para niños”, declaró desde los galpones de la empresa que fueron fiscalizados.
Aseguró que previamente la Sundde había ordenado a las tiendas EPK la reducción de precios, pero la empresa no se ajustó a la medida. “El 3 de diciembre presentó oferta engañosa con un aumento de 200%”, apuntó Contreras.
De igual manera el director de la Sundde informó que solicitará al Ministerio Público abrir un proceso de investigación sobre los movimientos financieros de la empresa importadora y distribuidora de ropa infantil.
Ante esta medida, las colas en las adyacencias de las tiendas EPK de todo el país no se hicieron esperar, por lo que usuarios de Twitter difundieron a través de la red social, las largas filas que realizan las personas en la búsqueda de ropa infantil a bajo costo.
There are already lines outside EPK clothing store in Caracas neighborhood of Altamira after govt ordered price cut of 70%. Feliz Chavidad! pic.twitter.com/HamnTIWU1C
— Nathan Crooks (@nmcrooks) December 22, 2016
9:40amAsí se encuentran los alrededores de tiendas #EPK en #Guayana tras anuncios del Gobierno nacional. La tienda aún no abre. pic.twitter.com/rplgpwS3Ao
— Elias rivas (@elias_rivas) December 22, 2016
Vale mencionar que el mismo proceso de imposición de rebajas, lo ejecutó la Sundde en comercios ubicados en las avenidas 4 de Mayo, Santiago Mariño y demás áreas del casco comercial de Porlamar, a quienes se les ordenó la medida de rebajar los precios entre un 20 y 80% de los que tenían fijados.
La Ssundde visitó principalmente los establecimientos dedicados a la venta de ropas, calzados y juguetes, en donde según los funcionarios públicos se reportaron delitos como especulación, remarcaje y ausencia de precios, por lo que se les obligó a realizar el respectivo ajuste del margen de ganancias que según la Ley no puede superar el 30%.
La mayoría de los comerciantes manifestaron su desacuerdo con la medida, no obstante apuntaron que no les quedó otra opción que someterse a la orden para evitar sanciones más rígidas, pero advirtieron que ese tipo de mecanismos a lo único que llevará es a la quiebra de los pocos establecimientos que quedan en la Isla de Margarita.