En mayo de 2015, la ONU había dado un año para que la Defensoría del Pueblo enviara las pruebas de sus actuaciones en defensa de los derechos humanos.
El Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), hizo público el informe final en el que recomienda que se degrade a la Defensoría del Pueblo a clase “B”, lo cual implica la remoción de su derecho a voz y voto en las instancias internacionales referentes a los Derechos Humanos.
En el informe, también se explica que el despacho presidido por Tarek William Saab apeló la recomendación y en octubre de este año el organismo de la ONU tomará una decisión final.
En mayo del año pasado, el Subcomité de Ganhri ya había emitido un primer informe en el que señalaba que, como resultado de haber evaluado las actuaciones de la Defensoría del Pueblo durante los últimos años de la gestión de Gabriela Ramírez frente a esa institución (2013-2014), recomendaba degradar de categoría al despacho. Sin embargo, también daba plazo de un año para que el actual defensor del pueblo, Tarek William Saab –nombrado en diciembre de 2014-, reuniera “las pruebas que estimara necesarias para establecer su continuo cumplimiento con los Principios de París”.
Ese plazo venció este año y, tras revisar la documentación enviada por Saab, el Subcomité consideró que “la Defensoría del Pueblo no ha hablado alto y claro sobre la defensa de los derechos humanos”.
En el informe, el organismo hace especial énfasis en la situación creada en la frontera colombo-venezolana, luego del estado de excepción decretado a mediados del año pasado por el presidente Nicolás Maduro y la deportación de colombianos a Cúcuta; además del caso de los estudiantes Lorent Saleh y Gabriel Valle, detenidos en septiembre de 2014, acusados de conspiración y de quienes se han registrado denuncias de tortura y maltrato físico en la sede del Sebin en Plaza Venezuela.
Según el Subcomité, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU registró hasta 22.342 personas que tuvieron que regresar a Colombia como resultado de la medida y que 1.925 lo hicieron en condición de deportados. Sin embargo, a pesar de las severas denuncias registradas en los medios de comunicación de que los colombianos eran desalojados de sus hogares y despojados de sus pertenencias, y de que el Alto Comisionado de la Naciones Unidas había instado a las autoridades venezolanas a que respetaran los derechos humanos, el informe del Subcomité aún reza: “la Defensoría del Pueblo declaró que no había recibido información ni denuncias específicas de violaciones a los derechos humanos”.