Las denuncias del Sistema Popular de Distribuacion de Aliementos SPDA Clap, cada día son más comunes, sobre todo por la reventa de los alimentos de primera necesidad que trae la caja que es distribuida por el Gobierno nacional. No obstante, estás denuncias Clap han trascendido más allá, como ocurrió con los juguetes que decomisó el Ejecutivo a la empresa internacional Kreisel, en diciembre del 2016, por presuntamente presentar sobreprecio y acaparamiento. No obstante, al parecer la reventa tambien se extendió a los juguetes repartidos por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción e incluso ya hay personas detenidas por ese flagelo.
Como fue el caso de Dalia Zamora Alvarado, de 42 años, quien era jefa de un SPDA Clap y fue condenada a cinco años de cárcel tras comprobarse que revendió o «bachaqueó» los juguetes que el Gobierno venezolano incautó a la transnacional Kreisel en diciembre de 2016.
Zamora fue detenida junto a su hermana, Gabriela Alvarado, de 29 años, tras admitir que había vendido los juguetes que debían ser distribuidos de forma gratuita entre los niños de las comunidades registradas en el Consejo Local de Abastecimiento y Producción (Clap), del sector La Candelaria de Maracay, estado Aragua, del cual ella es funcionaria.
Tanto a ella como a su hermana las condenaron por peculado doloso y agavillamiento y se les ordenó pagar el 20% de lo ganado con las ventas.
Este es solo un ejemplo, de los tantos que se dan a diario en el país, con la venta de alimentos y otros productos que hace el Gobierno a través del SPDA Clap, debido a que son un grupo de personas quienes comandan los Comités creados por el chavismo, quienes se encargan de hacer la distribución que en teoría debería ser equitativa, pero eso muy pocas veces ocurre, ya que siempre los dirigentes comunitarios que están a cargo, buscan primero el beneficio personal y luego el de la comunidad.