La presentación de causas generales, como la inseguridad en el país, a la hora de hacer las solicitudes de asilo político en España, es uno de los motivos de la denegación.

Durante el mes de diciembre algunas personas de nacionalidad venezolana han expresado su preocupación ante la denegación de sus solicitudes de asilo político en España, las cuales habían permanecido paralizadas hasta ahora. Hasta el mes de octubre la cifra de que venezolanos que han solicitado asilo político en España durante este año, rondaba los 2.800 según datos provisionales del Ministerio de Interior, mientras que para el año 2015 la cifra fue considerablemente menor: 596 personas durante todo el año, siendo admitidas 567, denegadas 6 y ninguna solicitud resuelta, según datos oficiales del informe del ministerio.

Los datos de la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat) revelan que a 30 de septiembre del presente año, España tenía 18.925 solicitudes pendientes resolver de las cuales 2.895 eran de personas de nacionalidad venezolana, casos que habían estado paralizados en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) dependiente del Ministerio del Interior. Pero la situación de estancamiento de casos por resolver ha cambiado, y es que desde el mes de diciembre, han sido varias las personas de nacionalidad venezolana a las que se les ha denegado la solicitud de asilo político en España.

Sólo en el tercer cuatrimestre de 2016, 950 personas de nacionalidad venezolana presentaron solicitud de asilo político en España, seguido de los sirios con 795 y ucranianos con 430. (Eurostat)

La razón de esta medida recae en que muchos de los venezolanos que han realizado la solicitud de asilo político en España, han alegado dos principales circunstancias: ser perseguidos políticos por parte del actual Gobierno de Venezuela o por la situación de inseguridad y crisis socioeconómica que hay en el país. Ambos casos son calificados como ‘flojos’ cuando no se tratan de situaciones particulares sino de circunstancias que afectan a un amplio sector del país, además de que muchos no presentan pruebas suficientemente consistentes como para que la protección internacional le sea concedida, por lo que algunos casos están pasando a ser revisados por la Comisión Interministerial del Asilo y Refugio (CIAR).

Aunque la mayoría de los casos de solicitud de asilo político en España siguen sin resolverse, las alarmas entre la comunidad venezolana saltaron cuando se divulgó el caso particular de un coterráneo que publicó a través de las redes sociales que las mismas están siendo denegadas.

Rosa Otero, asistente de Comunicación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), asegura que ese organismo internacional tiene voz en la CIAR para velar por la protección de las personas que solicitan el asilo y estudiar sus casos, pero la última palabra la tiene el Ministerio del Interior.

“Por Ley ACNUR tiene un papel en el procedimiento de determinación del estatuto de refugiado mediante el que recibe notificación de todas las peticiones de asilo, debe valorar las peticiones y emitir una recomendación a las autoridades españolas competentes en materia de asilo, sobre aquellas peticiones que considera susceptibles de ser merecedoras de protección internacional. Participa con voz, pero sin voto, en la Comisión Interministerial del Asilo y Refugio, compuesta por representantes de los Ministerios con competencia en asuntos exteriores, justicia, interior, inmigración y acogida e igualdad, donde se estudian mensualmente las solicitudes de asilo. Sobre la base de las recomendaciones elaboradas por la CIAR, el Ministro del Interior decide sobre la concesión o denegación del asilo o de la protección subsidiaria”.

Varios venezolanos en Madrid consultados por elcorreodelorinoco.com que no quisieron revelar su identidad, dijeron haber acudido a la OAR y a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para hacer la solicitud de asilo político, sin contar con la debida asistencia de un abogado, sino documentos que habrían traído desde Venezuela con los que suponían podrían justificar su solicitud.

La recomendación para las personas que se sientan amenazadas, es solicitar la asesoría de un abogado experto, a fin de que los expedientes contengan la documentación necesaria a la hora de hacer la petición de protección internacional. En caso de ser denegado el proceso, se puede presentar un recurso ante los juzgados centrales de lo contencioso administrativo.