Este martes fue presentado el librero Memorial de agravios 2016, el cual recoge las 100 sentencias del TSJ analizadas por diferentes organizaciones no gubernamentales, evidenciando la imparcialidad en el Poder Judicial venezolano y las violaciones a la Constitución.
El trabajo de investigación recoge las irregularidades desde la designación de jueces y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, hasta cómo esas sentencias del TSJ han incidido como arma de censura y restricciones a la participación ciudadana, derecho a la manifestación, la opacidad en el acceso a la información, hasta los grandes sacrificados en todo este proceso.
Entre los contenidos desarrollados se incluyen: la elección de los jueces como comienzo de la injusticia en Venezuela, debido a las irregularidades en el proceso de designación de magistrados y acceso a la justicia; las faltas graves cometidas por los magistrados en el ejercicio de sus funciones: vinculaciones entre la justicia y la política; sentencias que debilitan los poderes y la democracia; los órganos de justicia como instrumentos de persecución política; acciones legales que violan libertades políticas.
Recuperar la institucionalidad
Memorial de agravios 2016 analiza también cómo la participación de los venezolanos se ha vuelto una amenaza para el poder; las sentencias del TSJ que violan los derechos de asociación y participación; uso de armas en manifestaciones; sentencias que limitan el derecho de acceso a la información y participación de los ciudadanos en la gestión de asuntos, así como las acciones judiciales en contra de los periodistas y medios de comunicación, durante el período 2002-2016.
«El reto, en adelante es unir esfuerzos para elaborar un nuevo trabajo de investigación que sobre la base de este primer diagnóstico, permita proponer la reforma del actual sistema de justicia y recuperar la institucionalidad y confianza de los venezolanos», destaca Oswaldo Cali, representante de Espacio Público, ONG que junto a Transparencia Venezuela, Sinergia, Acceso a la Justicia, Ipys, Cepaz y Provea, formaron parte de la investigación y análisis.