Como si de un bufete privado del presidente de la República se tratara, de nuevo el Tribunal Supremo de Justicia actúa bajo las órdenes de Nicolás Maduro. Este lunes la Sala Constitucional del TSJ declaró como inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación aprobada en segunda discusión por la Asamblea Nacional el pasado 29 de marzo.
Luego de haber sido aprobada, el jefe de Estado solicitó al TSJ la revisión de dicha Ley y como era de esperarse, la declaró inconstitucional.
La sentencia fue declarada en medio de concentraciones oficialistas que celebraban el 11 de abril, día del fallido golpe de estado contra Hugo Chávez.
Los magistrados Carmen Zuleta, Lourdes Suárez, Gladys Gutiérrez, Luis Damiani, Arcadio Delgado, Juan Mendoza y Calixto Ortega, en ponencia conjunta y por unanimidad, acordaron que “la norma desconoce que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, y se aparta de la constitución”.
«La Amnistía intenta procurar la impunidad de delitos comunes cometidos por sectores que actualmente controlan el parlamento», inculpa el TSJ. Igualmente los magistrados, manipulados por la revolución bolivariana, afirmaron que, “los partidos que aprobaron la ley son responsables directos de graves violaciones de los derechos humanos de los cuales hemos sido víctimas”.
Otra de las afirmaciones de la Sala Constitucional del TSJ fue, que el perdón solo puede otorgarse en una determinada circunstancia: “La amnistía, contrariamente a lo señalado por la opinión pública, no es una suerte de impunidad para los transgresores de derechos humanos, sino un mecanismo constitucional que permite, -bajo ciertas circunstancias (irrupción del sistema constitucional)- la consolidación de una paz social”.
«Estaba avisada la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía por el bufete inconstitucional tal como lo había ordenado Maduro», esto lo publicaba en Twitter el presidente de la Asamblea y opositor Henry Ramos Allup, después de que se diera a conocer la decisión.
Estaba avisada la declaratoria d inconstitucionalidad d la Ley de Amnistía por el bufete inconstitucional tal como lo había ordenado Maduro.
— Henry Ramos Allup (@hramosallup) 12 de abril de 2016
Asimismo, Henrique Capriles, gobernador de Miranda y dirigente de Primero Justicia, precisó, que esta decisión dictada por el TSJ, llena de vergüenza a todos los venezolanos, y por ello, hoy mas que nunca la amnistía depende del referendo para revocar a Maduro.