Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano consideró que existen patrones que revelan que el Estado permite actuar a los colectivos.
La Organización No Gubernamental liderada por Rocío San Miguel, después de analizar los patrones de conducta de los colectivos armados, en varias regiones del país, pero especialmente en el área metropolitana de Caracas, ha logrado identificar una serie de características en su funcionamiento, que permiten revelar la permisividad del Estado frente a sus actuaciones en las marchas y concentraciones organizadas por la oposición venezolana.
“Después de cotejar testimonios, analizar patrones de conducta, revisar fotografías y videos de la actuación de los llamados colectivos armados, son tan evidentes los modos de actuación, que está claro que el Estado, está permitiendo la actuación de estos grupos criminales”, aseveró Rocío San Miguel.
En ese sentido, afirmó que el Ministerio Público está en la obligación de abrir una investigación que permita desarticular el accionar delictivo de los colectivos armados, que vienen operando de manera permanente en áreas específicas de la ciudad de Caracas, incluso a escasos metros de la propia sede de la Fiscalía, en la avenida Baralt. Indicó que también preocupa a Control Ciudadano, que habiéndose exhibido por parte de algunos colectivos, armas de guerra de manera pública y comunicacional, la Fuerza Armada Nacional no haya adelantado operaciones para desarticularlos. Mencionó que en la Parroquia 23 de enero, al oeste de la ciudad de Caracas, al lado de la sede de la Milicia Nacional Bolivariana y del propio Cuartel de la Montaña, tienen su sede varios de estos colectivos armados.
“Permitir, amparar, propiciar las actividades de colectivos armados es delito, y esto viene ocurriendo de manera continuada, bajo la mirada complaciente de órganos de Estado que tienen el deber legal de actuar”, considera San Miguel.
Control Ciudadano ha venido advirtiendo que la permisividad de la Fuerza Armada Nacional frente a la actuación de colectivos armados, está mutando claramente hacia actos de “cooperación”, como ha sido documentado por los ciudadanos y medios de comunicación recientemente. La Fuerza Armada Nacional tiene atribuido constitucionalmente el control de las armas de la República (Artículo 324 de la Constitución), por tanto tiene la obligación de desarmar a los colectivos armados.
Entre los patrones de Conducta que ha precisado Control Ciudadano se encuentran:
- Los colectivos armados son formaciones ilegales que apoyan al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Actúan coordinadamente bajo mandos jerárquicos que imparten y cumplen instrucciones.
- Utilizan métodos y medios violentos para atacar y dispersar manifestaciones de la oposición, vigilar comunidades, extorsionar pequeños comerciantes, agredir periodistas y líderes opositores.
- Se desplazan en motos, en algunos casos van encapuchados, utilizan armas abiertamente y declaran consignas en favor de la llamada “revolución bolivariana”.
- Evitan ser identificados y amenazan a quienes los denuncien.
- Están entrenados para causar daños a la integridad personal de quienes protestan.
- Actúan como provocadores en manifestaciones y protestas, para generar la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana, que sólo arresta a los manifestantes y nunca a los colectivos armados. También actúan como infiltrados para convertir las protestas pacíficas en violentas.
- Seleccionan infraestructuras gubernamentales para quemarlas y destruirlas con la actuación de encapuchados. Dichos ataques son grabados y exhibidos por el Gobierno como ataques de la oposición.
- Controlan supermercados, panaderías, escuelas y hospitales. En muchos casos deciden quienes en las comunidades reciben bolsas de alimentos u otros beneficios gubernamentales.
- Utilizan el terror como método de actuación. En las comunidades donde operan, cobran vacuna e imparten castigos.
- Se movilizan a sus anchas en la seguridad de no ser capturados y procesados legalmente por sus delitos.
Finalmente, Control Ciudadano hace un llamado a los poderes públicos nacionales en el deber constitucional que tienen de garantizar la vida e integridad de las personas, brindar seguridad a sus ciudadanos y conservar la paz de la República.