Esta semana aumentó la lista de funcionarios venezolanos sancionados por el Gobierno de Estados Unidos pues revocan visas a magistrados del TSJ, en este caso, se presume sea contra los miembros de la Sala Constitucional, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio Delgado Rosales.
Trascendió que el Departamento de Estado notificó esta semana a los miembros de la Sala Constitucional, que sus visas para ingresar a Estados Unidos habían sido revocadas sin ofrecer mayores detalles de las razones.
Aunque la embajada estadounidense en Caracas no ha confirmado la decisión, se pudo conocer de manera extraoficial por fuentes cercanas a Zuleta, que la magistrada “recibió un correo donde le anunciaban que le anulaban su permiso para ingresar a Estados Unidos, sin explicación ninguna”.
Zuleta y Delgado son dos de los magistrados que han redactado o suscrito sentencias que le han arrebatado potestades a la Asamblea Nacional y, por ello, en predios judiciales, dan por hecho que la sanción está sustentada en la Ley de Defensa de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos de Venezuela, mediante la cual el Congreso de EE. UU. autorizó al presidente de ese país, Barack Obama, a retirarle las visas y congelarle las cuentas y bienes a otros funcionarios venezolanos sospechosos de violar los DDHH y atentar contra la democracia.
Siete funcionarios no pueden viajar a EE.UU.
Hasta ahora Washington solamente ha anunciado que gracias a este instrumento, siete funcionarios, entre ellos el actual jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general Gustavo González López; y la exfiscal Katherine Harrington, habían sido sancionados. Sin embargo, en agosto pasado un grupo de congresistas informaron que 62 más habían sido castigados en base a la ley y lo hicieron en una carta donde solicitaron al presidente Obama penalizar a más personas.
Un total de 29 venezolanos que figuran en la lista que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) elabora con los particulares y las empresas sancionadas por presuntamente hacer negocios con narcos, terroristas o corruptos.
El general (r) Cliver Alcalá Cordones, exedecán del fallecido Hugo Chávez y exjefe de la Región de Defensa Integral de Guayana (REDI), encabeza la lista en la que también están los gobernadores de Guárico y de Trujillo, Ramón Rodríguez Chacín y Henry Rangel Silva, respectivamente; así como el exdirector de la Inteligencia Militar y ahora diputado oficialista, Hugo Carvajal.
Acciones de Zuleta y Delgado
La decisión contra Carmen Zuleta y Arcadio Delgado resulta paradójica por decir lo menos, pues ambos suscribieron la sentencia número 100 que el año pasado dictó la Sala Constitucional, en la cual la instancia judicial calificó de “agresión” y acto de “injerencia” la ley que permite a la Casa Blanca sancionar a funcionarios venezolanos y afirmó que “EE. UU. no tiene jurisdicción alguna, de ninguna intensidad, forma o atributo, para sancionar y promulgar actos de faz legal con aplicación en la República”.
Pese a que en el dictamen la Sala aseguró que la Ley “carece de validez y efectividad y que es absolutamente nula su ubicación o existencia en el plano jurídico para la República y sus nacionales”, los magistrados ya no tienen visa y no podrán viajar a EE. UU.