Corrupción, licitaciones amañadas, malversación de fondos, delincuencia organizada, legitimación de capitales, nóminas paralelas entre otros hechos ilícitos, motivaron que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobara el informe final sobre el caso de la represa Yacambú que ha generado la pérdida de más de 2 mil 500 millones de dólares.
La denuncia hecha por el diputado Guillermo Palacios, en el año 2011 finalmente concluyó con el informe que acordó la responsabilidad política del exgobernador del estado Lara ,Luis Reyes Reyes, de la ex ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Yubirí Ortega, al expresidente de la empresa Yacambú Quibor y Enmohca, Jorge González González, la actual presidenta de la empresa Landys Navarro y el ex funcionario Rafael Álvarez Fonseca.
Estas personas han sido señaladas por la comisión de hechos ilícitos administrativos cometidos en la ejecución de la obra de la represa Yacambú, la cual al día de hoy se encuentra paralizada.
“En la investigación se pudo verificar que hubo corrupción, licitaciones amañadas, malversación de fondos, delincuencia organizada, legitimación de capitales, nóminas paralelas de personas que no trabajaban pero cobraban, enriquecimiento ilícito y operaciones triangulares de empresas para beneficio personal” expuso el diputado Palacios.
Por el caso de la represa Yacambú la Comisión de Contraloría del Parlamento Nacional acordó solicitar una investigación penal y administrativa, así como exigirle al gobierno que destine los recursos necesarios para la culminación de la obra, en el menor tiempo posible, obra vital para el estado Lara.
Acordaron además por el caso de la represa Yacambú, solicitar a la Defensoría del Pueblo abogar por los derechos humanos de las familias de ascendencia indígena que estaban asentadas en el área de la inundación de la represa, así como de los trabajadores de la obra a quienes aún no se les ha cancelado la totalidad de sus pasivos laborales.