La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deploró la represión en Venezuela adoptada por las autoridades en respuesta a las protestas iniciadas en el mes de marzo en el país.
A través de un comunicado la CIDH instó al Estado a cesar la represión en Venezuela y a dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Así mismo la CIDH condena especialmente el aumento de muertes, heridos y detenciones masivas que ha acompañado la militarización de las tareas de gestión de las manifestaciones sobre lo cual la CIDH ha expresado su preocupación.
Según cifras recién publicadas por el Ministerio Público, 36 personas han fallecido y al menos 757 han resultado heridas, en el marco de las manifestaciones ocurridas en el país. De las víctimas fallecidas, 4 eran adolescentes.
La Comisión Interamericana mostró su preocupación por el número de fallecidos y heridos por armas de fuego o producto del uso excesivo de armas menos letales, como gases lacrimógenos y perdigones. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han registrado 1 mil 991 detenidos desde el 4 de abril hasta la fecha de elaboración del comunicado de la CIDH.
Por otra parte, la CIDH condenó que altas autoridades estatales usen a los medios de comunicación para estigmatizar y criminalizar, calificando como “terroristas” o “insurgentes armados” a quienes convocan y participan en manifestaciones, al tiempo que se ha reportado un aumento de ataques y detenciones arbitrarias de periodistas y la censura a medios de comunicación nacionales e internacionales.
De igual manera la CIDH manifestó estar profundamente preocupada por el estado de incomunicación en el que permaneció el dirigente político Leopoldo López desde el inicio de las protestas hasta el pasado domingo 8 de mayo. La CIDH condena la falta de información clara y precisa sobre su situación y su lugar de detención durante un mes. La Comisión reitera que el Estado venezolano está obligado a garantizar el derecho a la vida e integridad de Leopoldo López, así como el derecho que tiene toda persona detenida a comunicarse con sus familiares y abogados y al control judicial de su detención. El Estado debe, además, garantizar en todo momento el acceso a información oportuna y fidedigna sobre el lugar de detención y el estado de salud del dirigente político, reza parte del comunicado.
Igualmente la CIDH condenó cualquier intento de las autoridades venezolanas de impedir la celebración de elecciones y la supresión del derecho al voto de la ciudadanía.
Tal y como lo establece la Carta Democrática Interamericana, “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. La restricción arbitraria de los derechos políticos y cierre de espacios democráticos no puede ser la respuesta a los reclamos de la sociedad; por el contrario, es un signo de la incapacidad de hacer frente a los reclamos en términos democráticos, que solo aumenta los conflictos sociales y políticos.
En este grave contexto, la Comisión deplora profundamente la decisión del Presidente Nicolás Maduro, sin precedentes en el sistema interamericano, que pretende denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con ello anular la protección del sistema interamericano de derechos humanos para los habitantes de Venezuela. La Comisión reiteró que se encuentra evaluando las implicaciones legales y jurídicas de la decisión del Presidente venezolano de abandonar la OEA.
La CIDH destacó que en cualquier circunstancia, dado que el proceso de denuncia requiere dos años para tomar efecto, el Estado venezolano continúa actualmente obligado a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos bajo la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y bajo la competencia de la Comisión. La Comisión hizo un llamado al Gobierno venezolano para que reconsidere la decisión de denunciar la Carta.