Con el fin de evaluar las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento Henry Ramos Allup sostuvo en horas de la tarde de este lunes una reunión con un grupo de abogados con la finalidad de evaluar las acciones a tomar.
Entre los juristas se encuentra la ex magistrada Cecilia Sosa y el abogado José Vicente Haro.
El evaluar el rol que ha asumido el TSJ la exmagistrada Sosa explicó que a los parlamentarios electos el 6 de diciembre, por el soberano, no los pueden sustituir ningún otro poder incluyendo al TSJ.
“Utilizando la Sala Electoral, la Constitucional o cualquier otra sala que necesiten, van a anular todo lo que haga la Asamblea Nacional, todas sus competencias, es decir, la transformó materialmente en un edificio con personas adentro”, expuso Sosa quien advierte que el objetivo del gobierno con estas acciones solicitadas al TSJ desde el pasado 6 de diciembre es la de lograr que el parlamento desaparezca.
“Hablar de golpe constitucional o de golpe judicial es verdaderamente la estrategia del gobierno. Diga lo que diga la Sala Constitucional o Electoral, los diputados fueron electos por el soberano y no los pueden sustituir ningún otro poder”, puntualizó.
27 sentencias en contra de la AN
Desde el 30 de diciembre hasta el 2 de septiembre el TSJ ha emitido 27 sentencias que inhabilitan el funcionamiento de la Asamblea Nacional. De estos dictámenes, 24 son de la Sala Constitucional y 3 de la Sala Electoral.
Las decisiones del máximo tribunal se traducen en la reducción del Poder Legislativo a un foro para el debate sin capacidad para sancionar leyes y acuerdos, por cuanto la mayoría de los instrumentos aprobados han sido declarados nulos.
Dentro de las decisiones que inhabilitan al Parlamento, el TSJ determinó la inconstitucionalidad de la reformas de la Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela, de la Ley de Amnistía; de la reforma de la Ley Orgánica del TSJ; de la Ley de Propiedad de la Misión Vivienda; de la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud, entre otras. También se anuló la comisión que investigó el nombramiento de los magistrados y se determinó «la invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica de la juramentación de los diputados de Amazonas».