El fiscal de Neumünster, Georg Güntge, confirmó la decisión de mantener al expresidente catalán, Carles Puigdemont, en prisión como medida cautelar a la espera de una decisión sobre su traslado a España, que no será tomada hasta después de Semana Santa, con un plazo de 60 días.

Los abogados denunciaron que no pudieron ver al dirigente político, así como un grupo de diputados catalanes, que aseguró que el fracaso de la visita se debió a que no cumplió con la reglamentaria petición de cita.

Reseña El Mundo que antes de esta resolución, la fiscal Wiebke Hoffelner, portavoz de la Fiscalía General del land de Schleswig-Holstein, donde Puigdemont fue interceptado y detenido el domingo por la policía alemana, explicó que lo más probable era que el tribunal extendiera la detención de Puigdemont. La norma es dictar prisión hasta que un tribunal superior dictamine. En este caso, es la Audiencia Provincial de Schleswig-Holstein, en virtud de la documentación y argumentos que exponga el Ministerio Público, la que considerará si los delitos de rebelión y malversación que esgrime el juez Llarena tienen equivalencia en el Código Penal alemán.

La rebelión no está tipificada en la legislación germana pero puede haber delitos equiparables, en opinión de la portavoz del Ministerio de Justicia, Stephanie Krüger. «Sin embargo, lo decisivo no es la palabra, sino que en la legislación haya un delito equiparable, y eso es una cosa que no puedo determinar desde aquí, sino que es competencia de la Audiencia de Schleswig-Holstein», añadió.