Aunque la Constitución Nacional garantiza el derecho a la manifestación pacífica, hoy las protestas en Venezuela son consideradas como delito.

Las protestas en Venezuela

se han ido incrementando, a medida que la crisis hace estragos en la población, pero de manera simultánea, también están siendo activados mecanismos de represión por parte de un Gobierno cada vez más autoritario que criminaliza estas acciones vulnerando derechos consagrados en la propia Constitución Nacional.

De acuerdo con lo dicho por el profesional del derecho, Manuel Ferreira, en el país se ha desatado una ola de amedrentamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, para infundir miedo al ciudadano, de manera que no manifieste su inconformidad con un Gobierno que ha sido incapaz de conducir al país de manera acertada.

Pese a que el artículo 68 de la Carta Magna, garantiza al ciudadano el derecho a la manifestación pacífica, sin armas y el 97 autoriza  a los trabajadores tanto públicos como privados a realizar huelgas, quienes deciden ejercer tales derechos hoy día, saben que están expuestos a ir a la cárcel. Tal es el caso de Leopoldo López, los estudiantes y decenas de personas privadas de libertad desde febrero de 2014 por protestar.

El miedo como mecanismo de control

El abogado Manuel Ferreira advierte que la ola represiva puesta en marcha por el Gobierno aumentará a medida que la población muestre resistencia, porque a su juicio, el objetivo del régimen, es intimidar para desmovilizar y controlar.

«En Venezuela está desdibujada la función policial «, asevera, para precisar que hace apenas unas horas, unos 25 estudiantes de la Universidad de Oriente (UDO), fueron detenidos por funcionarios del  Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), porque las protestas en Venezuela ahora son criminalizadas.

Precisa que al no haber delito alguno en las acciones de los bachilleres que solo portaban pancartas exigiendo la renuncia del presidente Maduro y otras que aludían  al problema eléctrico, tuvieron que dejarlos en libertad, pero afirma que el objetivo es la intimidación,» la siembra del miedo» ante la valentía de un pueblo que se cansó y que está resistiendo porque quiere cambio.

«Se trata de una detención arbitraria, porque no existe hecho punible  para privarlos de libertad, los jóvenes luego de la breve detención cuentan que sólo les preguntaban quién está detrás de la protesta», afirma el abogado, quien aprovecha para recordar que la Policía es valiente para detener a estudiantes que manifiestan pacíficamente, no así para controlar otras situaciones.

Recuerda lo que estima fue una triste frase pronunciada por un jefe policial a propósito de los hechos vandalicos  en la Universidad de Oriente, cuando aseveró:  «No prestaremos servicio en la UDO si no se nos garantiza seguridad», lo que a su juicio demuestra cuan confusa está la función policial en el país.