La imposición del precio justo para el agua mineral hace insostenible la venta para los productores, por lo que prefieren enfocarse en el comercio del agua saborizada.
El control en el «precio justo» de los productos sigue afectando su disponibilidad en los anaqueles. El agua mineral, por ejemplo, desapareció desde hace meses y actualmente solo se consigue el agua saborizada.
La razón, según indican los vendedores y proveedores, es que no resulta rentable su venta a 12 bolívares la botella de 600ml, pues el costo de producción es mucho mayor. En principio se hablaba de la escasez de plástico para el recipiente o la tapa, pero la verdad es que el mismo envase se utiliza para el agua saborizada, que sí se consigue con facilidad en los anaqueles; la diferencia radica en que esta no tiene el denominado precio justo.
«A ellos no les conviene. Y a veces a nosotros nos la traen más cara y, pues la vendemos hasta en 100 (bolívares)», explica Juan Márquez, encargado de un kiosco en el centro de Caracas.
Los ciudadanos en la calle son los más afectados. «¿Agua? Eso desapareció desde hace meses», indica una señora consultada. Relata que en algunas oportunidades ha recorrido casi toda la ciudad y no ha conseguido ni una sola botella a ningún precio.
Señala que estaría de acuerdo con un aumento en el precio:
«Todo está carísimo, pero sabemos que esa botella no cuesta 12 bolívares y la saborizada no es igual. No es lo mismo. Uno la compra porque es lo que hay», afirma.
«Esa es la que llega porque el precio no está regulado. La vendemos a 100, 150 bolívares y sí es rentable. Para ellos y para nosotros», comenta un dueño de restaurante que prefirió mantenerse en el anonimato.
Como ha sucedido con todos los controles, se ha creado un mercado paralelo para la venta de este producto. Vendedores informales que consiguen el agua en 12 bolívares la revenden en 100 bolívares.
Aunque el presidente Nicolás Maduro prometió que vendría una reestructuración en el sistema de fijación de «precios justos«, aún no ha habido ningún anuncio al respecto. El vicepresidente del Área Económica, Miguel Pérez Abad, también dijo que estaban trabajando en una «nueva Sundde» (ente de fijación de precios), pero no ha habido más detalles.
La situación con el agua se repite con otros productos como el champú, cuyo precio está también regulado. Proveedores y productores han tenido que cambiar el nombre por «tratamiento para el cabello» u otros sinónimos para poder venderlo al precio que aseguran corresponde.