Habitantes denunciaron desde un principio la vinculación de policías de Santa Elena de Uairén con el hecho delictivo.
El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, tal como lo hizo cuando la masacre de Tumeremo, negó inmediatamente las acusaciones contra la Policía del estado Bolívar (PEB) por el intento de robo en el que resultó asesinada una familia. El Ministerio Público confirmó la aprehensión de tres civiles y dos policías de Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana, por el caso.
Los funcionarios fueron identificados como José Gregorio Moreno y Dairín Dariana Sandares, imputados como coautores de los delitos de hurto calificado y cómplices no necesarios en el delito de robo agravado. La mujer fue precalificada también por el delito de agavillamiento.
Los tres civiles, detenidos por presunta complicidad en los delitos de homicidio intencional calificado, y ejecución de robo y agavillamiento, responden a los nombres de Adrián Francisco Roldán, Mauro Enrique Fajardo y Héctor José Salazardelito. Los detenidos serán recluidos en el Internado Judicial de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar.
El hecho ocurrió el pasado 5 de septiembre. Fuentes castrenses declararon que se trataba de integrantes de una banda delictiva de Ciudad Bolívar, que acostumbraba a viajar al pueblo del sur para cometer sus fechorías, pero el pueblo denunció a policías de Santa Elena de Uairén, asegurando estar implicados en el caso y formar parte de la banda delictiva implicada en el intento de robo y homicidio.
Durante el intento de robo, se produjo un enfrentamiento entre los delincuentes y el jefe de familia. En el hecho murió Odai Chamiseddin (18), mientras que Alkontar Amira Hussien (42) y Taimour Chamiseddin (16), resultaron gravemente heridos, siendo trasladados a un centro de salud en Boa Vista, Brasil, donde fallecieron.
Funcionarios expulsados
El caso de la familia asesinada en Santa Elena de Uairén generó la indignación del pueblo del sur de Bolívar, quienes esa misma noche protestaron a las afueras de la sede la PEB, exigiendo la expulsión y destitución de los funcionarios. Al menos 15 de ellos fueron retirados al día siguiente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en vista de las fuertes manifestaciones.
En un cabildo abierto con la población de Santa Elena, exigieron la eliminación de la PEB y la creación de una Policía Municipal conformada por 100 indígenas y 100 criollos.