Con 164 votos a favor, 94 abstenciones y 79 votos en contra, el Parlamento español aprobó el Proyecto No Ley (PNL) que presentó el partido Ciudadanos desconociendo las elecciones presidenciales en Venezuela y exige la suspensión de los comicios.

En este sentido, los diputados exigen al gobierno de Mariano Rajpy ampliar las sanciones contra altos funcionarios del régimen.

“A pesar del no de Podemos y la abstención del PSOE, se aprueba la resolución de Ciudadanos en el Congreso Español para exigirle al Gobierno que inicie las sanciones a los dirigentes de la tiranía de Maduro y se rechace el proceso electoral fraudulento en Venezuela”, publicó el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a través de su cuenta en Twitter.

El documento fue realizado por el diputado español Fernando Maura con aportes de dirigentes de la oposición venezolana en el exilio: Manuel Rodríguez, Antonio Ledezma, Lester Toledo, Fernando Gerbasi y José Ignacio Guédez, así como la concejal venezolana en Logroño Maria Luisa Alonso.

La moción que se presentó este jueves tiene como fin pedir que se realicen comicios libres, bajo condiciones justas en Venezuela.

A continuación la moción presentada por los diputados:

  • Expresar la solidaridad de la sociedad española con los ciudadanos venezolanos ante las serias y sistemáticas violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos sus derechos políticos;
  • Solicitar al Gobierno de Venezuela la suspensión de las elecciones presidenciales de mayo de 2018 y la presentación de un nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble, que incluya la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase, observadores internacionales independientes, acceso libre e igualitario a los medios de comunicación, y con un Consejo Nacional Electoral cuya composición garantice su independencia y autonomía y que goce de la confianza de todos los actores políticos;
  • De no darse respuesta satisfactoria a esa solicitud, no reconocer la convocatoria de elecciones presidenciales de mayo de 2018 por haber sido realizada por un órgano ilegítimo como es la Asamblea Constituyente, así como los resultados de las mismas.

Instan al Gobierno a:

  1. Seguir ejerciendo un papel de liderazgo en el ámbito internacional y de la Unión Europea en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en todos los casos, y especialmente con aquellos países con los que España comparte estrechos lazos históricos, culturales, sociales y económicos. Mantener, en el marco de las relaciones bilaterales, e impulsar en el seno de las organizaciones supranacionales e internacionales a las que España un estrecho seguimiento de la evolución de las crisis por las que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, que permita adaptar las reacciones que desde dichos ámbitos se adopten a la evolución de la situación;
  2. Trabajar por la plena normalización de las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España. Hace un llamamiento al Gobierno venezolano a revertir su decisión de declarar persona non grata al Embajador de España, en aras a la normalización de las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España;
  3. Recomendar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la ampliación de las sanciones específicas a altos cargos del Gobierno de Venezuela debido a la ruptura con los principios democráticos y el Estado de Derecho, así como por actos de corrupción, de acuerdo a los artículos 8.3.a y 8.3.b del Reglamento (UE) 2017/2063 de noviembre de 2017.
  4. Mantenerse atento a la situación en Venezuela y apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático y la paz social a través del ejercicio efectivo de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de derecho en el marco de las disposiciones de la constitución de Venezuela y en consonancia con sus obligaciones y compromisos internacionales, tal y como marca la Resolución 1095 (2145/18) de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los Últimos Acontecimientos en Venezuela;
  5. Colaborar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en relación con el examen preliminar abierto sobre la situación en Venezuela para analizar la posible comisión de crímenes por parte de altos cargos del Gobierno de Venezuela y facilitar la provisión de información por parte del Gobierno de España.
  6. Continuar realizando un estrecho seguimiento de la situación de derechos humanos, incluyendo la solución de la crisis humanitaria y la petición de liberación de todos los presos de conciencia en Venezuela, así como seguir abordando dicha situación en el seno la UE y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
  7. Seguir abordando con profundidad y urgencia la situación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, analizando los posibles mecanismos  a activar (sesión de emergencia, creación de comisiones u otros alternativos) sobre el caso de la sistemática violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela.
  8. Llevar a cabo las gestiones necesarias para que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas apruebe la creación de una Comisión o Misión de Investigación con el fin de investigar y responder a las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela, así como para exponer a los infractores y facilitar que respondan por sus actos ante la justicia.
  9. Solicitar al Gobierno de Venezuela que implemente las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria, incluida la aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional.
  10. Continuar apoyando los eventuales esfuerzos en aras de un diálogo sincero, eficaz y que produzca resultados concretos, manteniendo la posición que ha venido defendiendo de que la salida a la crisis debe ser pacífica, democrática y negociada en el marco del ordenamiento venezolano.