Uno de los motivos para la orden de captura de Maduro pudiera ser la denuncia de deportaciones a colombianos el pasado 2 de septiembre del 2015

Orden de captura de Maduro

sería preparada por estos 16 países. Aumenta la posibilidad de una orden judicial internacional contra Nicolás Maduro y sus colaboradores más cercanos. El pésimo concepto, en el ámbito planetario de su Gobierno, la sumatoria de delitos graves que se le atribuyen lo conduce a tal callejón sin aparente salida.

Nada más en la Corte Penal Internacional cursan las siguientes denuncias: la del 7 de abril de2014, por 198 legisladores de ocho países latinoamericanos, por la represión masiva y generalizada contra los manifestantes de aquel año. La del 2 de septiembre de 2015 de procurador general de Colombia, Alejandro Ordoñez, por los supuestos crímenes de lesa humanidad relacionados a la deportación masiva de ciudadanos colombianos.

La del historiador y exparlamentario tachirense, Walter Márquez, por las mismas deportaciones masivas. La del defensor de Leopoldo López, abogado Juan Carlos Gutiérrez y el dirigente de Voluntad Popular en el exilio Carlos Vecchio. La de la activista de Derechos Humanos, Tamara Sujú, enfocada en los numerosos casos de tortura, para concluir con las que presentaran en los próximos días un grupo de parlamentarios colombianos, según resolución adoptada este mismo mes y por la Asamblea Nacional de la propia Venezuela según acuerdo del pasado 18 de abril.

Pero están, además 19 opiniones adversas al Estado venezolano, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, que dictaminan alrededor de 30 casos de privaciones ilegitimas de libertad, como patrón sistemático de persecución política.

El principio de “jurisdicción universal”

El célebre juez Baltasar Garzón dictó orden de encarcelamiento del tirano Augusto Pinochet, apoyado en el principio “jurisdicción universal”. Basada en este último, cualquier autoridad judicial de cualquier país en esta capacidad de adoptar tal clase de medidas en materia de delitos de lesa humanidad. Nada más que por las deportaciones en la frontera con Colombia, Maduro habría cometido semejantes ilícitos contra ciudadanos de numerosos países por lo que es viable una Orden de captura de Maduro.

La minuciosa denuncia de Walter Márquez documenta victimas de Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Costa Rica, Guatemala, Brasil, Paraguay, México, Chile, Canadá, España, Francia, Estados Unidos, República Dominicana, y Aruba. Cualquier juez criminal de esos 16 países está habilitado para librar orden de captura del jefe de Estado de Venezuela, por supuestos ilícitos de lesa humanidad, en prejuicio de sus connacionales.

Grupos de juristas de Colombia afinan sus alegatos para proceder en tal sentido. Ya Chile ha afirmado jurisdicción universal con el pronunciamiento en relación con el caso de Leopoldo López. El grado de conexidad, como exige el “principio de jurisdicción universal”, es por demás notorio en el caso del abogado y editor Braulio Jatar, por su condición de chileno. Nicolás Maduro, por su supuesta doble nacionalidad colombo-venezolana, sumaría conexidad a los tribunales colombianos.

Existen dos precedentes de órdenes de captura libradas por la Corte Penal de La Haya contra jefes de Estado en ejercicio: Muamar Gadafi por Libia y Osman Hasán Ahmad al Bashir de Sudán. Al parecer, hay un tercer candidato, con fuerza para engrosar la lista.