Irónicamente en la zona insular del Zulia no hay agua porque la planta desanilizadora está paralizada tras robo de maquinarias.
A lo largo y ancho de Isla de Toas, localidad perteneciente al municipio Almirante Padilla, sólo se escucha la expresión: ¡No hay agua! Y es que la única planta desalinizadora que hay en la zona fue desmantelada, lo que la mantiene totalmente paralizada.
La situación la denunció el diputado a la Asamblea Nacional, Rafael Ramírez Colina, quien precisó que el alcalde de ese municipio, Hildebrando Ríos, no se ha abocado a atender las necesidades de los habitantes, entre las cuales destaca el problema hídrico.
“Padilla tiene un alcalde incompetente que daña la calidad de vida de su gente…, como todos los municipios del Zulia, éste no escapa del problema del agua, pero a esta localidad no llega el agua potable, porque el problema se acrecentó luego de que la planta desalinizadora fue desmantelada por la delincuencia con anuencia del alcalde Hildebrando Ríos”, sentenció Ramírez.
Precisó que la planta se encuentra en completo abandono y sin ningún tipo de seguridad, por lo que reiteró que la problemática que se vive con el agua en la entidad corresponde más a una pésima gestión que a problemas climáticos, como lo pretenden hacer ver las autoridades ambientales, ya que los embates de la sequía pudieran ser mermados si se desarrollaran proyectos de construcción de otros embalses.
El parlamentario denunció otro de los graves problemas como lo es el transporte acuático, puesto que el único ferry para trasladar a habitantes, visitantes y los alimentos de primera necesidad, se encuentra hundido en uno de los muelles de la isla.
Represalias laborales
“Este alcalde no sólo es incompetente para resolver los problemas de su municipio, sino que también se ha dedicado a dañar el patrimonio y la calidad de vida de los trabajadores de la alcaldía”, manifestó el diputado Ramírez refiriéndose a una denuncia realizada por el personal del despacho municipal sobre irregularidades con el pago de salarios, pues aseguraron que el alcalde sólo cancela una parte del sueldo mínimo y de bono de alimentación.
“Cancela la mitad del salario establecido por la ley, la cestaticket incompleta y no paga la liquidación a los que han despedido por levantar su voz contra estas injusticias, violando flagrantemente la Ley Orgánica del Trabajo y la Constitución Nacional”, remató Ramírez.
Ramírez indicó que la situación debe ser investigada, ya que ese municipio recibe al día los recursos asignados: “Hay que investigar por qué a los trabajadores no les están depositando sus salarios completos ¿Adónde van a parar todos esos recursos?”, sentenció.