La creación del Arco Minero del Orinoco termina por destapar el conflicto por la minería ilegal y el ‘cobro de vacunas’.

A más de seis meses de lo que fue la masacre de Tumeremo, la violencia minera todavía retumba al sur del estado Bolívar. La creación del Arco Minero del Orinoco terminó por desatar el conflicto por el control de bandas armadas en las minas de estas zonas, y la Operación de Liberación para el Pueblo (OLP) en un intento por ‘limpiar’ las zonas para las trasnacionales autorizadas para la exploración y explotación de las mismas.

Los familiares de las víctimas de la masacre de Tumeremo aseguran que nada ha cambiado, sino que, al contrario, la tensión ha crecido, pues lo que antes era un secreto a voces, ahora es una realidad gritada a los cuatro vientos.

“Aquí siempre matan gente, siempre era por los enfrentamientos entre bandas o que los mineros no pagaran las vacunas, así es como se trabaja en las minas».

«Ahora el problema son las OLP que tienen órdenes de matar a mineros que nos les conviene al gobierno porque le darán esas minas a las transnacionales por los negocios que hicieron del Arco Minero. Vivimos en zozobra”, dijo Alexandra -nombre ficticio-, familiar de una de las 17 víctimas de la masacre de Tumeremo.

Del Topo al Chapo Guzmán

Ya no es solo la sombra de Jamiltón Andrés Ulloa Suárez, alias ‘El Topo’, a cuya banda se le atribuye la masacre de Tumeremo y que fue abatido el 6 de mayo de 2016 por efectivos militares. Los integrantes de su grupo delictivo siguen operando.

Habitantes de Tumeremo aseguran que en el caso de los dos guardias nacionales asesinados recientemente en Anacoco, municipio Sifontes, está implicada la banda de El Topo, en vista de que el móvil del crimen habría obedecido a la negativa de mineros a pagar vacunas para trabajar en las minas.

Alegaron estar protegidos por la GNB en esa zona, por lo que la represalia fue el asesinato de los efectivos militares como una muestra de quién tiene el poder o el control en el sector. Sin embargo, el sur del estado Bolívar ya no solo vive de la violencia por la explotación de oro, diamante y coltán que puedan obtener del Arco Minero del Orinoco.

El martes, durante las investigaciones por el asesinato de los dos GNB en Anacoco, otro hecho sorprendió a los bolivarenses. Cinco personas fueron detenidas en un punto de control de Tumeremo, sospechándose su vínculo con el crimen de los militares. No obstante, el cuerpo castrense descubrió que se trataba de miembros del cártel de Sinaloa, banda delictiva mexicana liderada por Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán. Pretendían robar una avioneta para sus actividades de narcotráfico en la región.

Conflicto generalizado

En el resto de las minas del estado Bolívar, la situación es igual -o peor- desde el anuncio del Arco Minero del Orinoco.  Las minas de El Callao, por ejemplo, fueron militarizadas y el resultado ha sido enfrentamientos entre bandas mineras y OLP, y la muerte de mineros.

Para el diputado a la Asamblea Nacional por el circuito 3 del estado Bolívar, Américo De Grazia, no es de sorprender la presencia de bandas delictivas regionales y de la categoría del cártel de Sinaloa, pues responsabiliza al Gobierno nacional y regional de ser cómplices y hasta estar implicados en la operación de tales grupos delictuales.

“Si los carteles llegaron a Miraflores, la Cancillería, la Fuerza Armada, ¿por qué no a Tumeremo? Ya he perdido mi capacidad de asombro”, dice De Grazia.

Sobre el Arco Minero del Orinoco, terreno de 111.843,70 kilómetros cuadrados que abarcan importantes cuencas de la Amazonia, el Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev) sigue activado en función de frenar esta actividad. Para ello, han recolectado firmas en contra del Decreto 2.248, las cuales serán consignadas en la Asamblea Nacional.