Este sábado 4 de marzo se cumple exactamente un año de la masacre de Tumeremo. En principio se hablaba de 28 mineros asesinados, luego la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, confirmó el hallazgo de 17 cadáveres. Sin embargo, el miedo sigue en aumento en la población, pues nadie se atreve a hablar de los pranes que operan en las minas del sur del estado Bolívar.
Jamiltón Andrés Ulloa Suárez, alias ‘El Topo’, fue abatido por efectivos militares, a él se le atribuye la autoría material junto a cinco detenidos más, pero él o los autores intelectuales de la masacre de Tumeremo siguen sin pagar ninguna responsabilidad penal, oficialmente no se sabe quiénes encomendaron aquel hecho que enlutó a 17 familias.
El diputado Américo De Grazia, quien presidió la comisión especial de la Asamblea Nacional que investigó la masacre de Tumeremo, atribuye el hecho a la limpieza de las zonas mineras que fueron entregadas por concesiones a trasnacionales para la exploración y explotación del Arco Minero del Orinoco, cuya creación se realizó días antes de que ocurrieran estos asesinatos.
Negligencia gubernamental
El informe presentado por la comisión parlamentaria concluyó que «el ciudadano (Francisco) Rangel Gómez en su calidad de gobernador del estado, actuó de manera negligente desde los primeros momentos al negar de forma categórica los hechos denunciados, cosa que contribuyó a que las autoridades policiales y de la Fuerzas Armadas incumpliesen con sus obligaciones de brindar colaboración inmediata a los denunciantes y se desarrollasen las labores de rescate, protección y liberación de los, para ese entonces, desaparecidos o de ubicación exacta del lugar de la masacre, el oportuno análisis de la escena del crimen y el descubrimiento inmediato de los cadáveres que, ante la negligencia oficial, fueron trasladados a otra ubicación».
Hoy los familiares siguen clamando justicia para las víctimas de la masacre de Tumeremo. Los funcionarios de la zona se abstienen de emitir pronunciamiento alguno por temor a represalias, pues aseguran que han sido amenazados de muerte.
Las recomendaciones de la comisión especial de la Asamblea Nacional incluía remitir el informe a la Fiscalía, Ministerio de Interior y Justicia, Ministerio de Defensa, para las investigaciones pertinentes, en vista de que se involucró a funcionarios del Sebin y Cicpc con el caso. Hasta ahora, todos han evadido su responsabilidad, ignorando el suceso producto de una violencia minera que lleva años en el estado y viene acrecentándose.