La masacre de Tumeremo trascendió las fronteras de Venezuela, develando la existencia de mafias presuntamente vinculadas al gobierno.
Todavía Alonso, nombre que usaremos para proteger su identidad, recuerda la bulla en una de las minas, y con ello la desaparición de su hijo. Ya para las 6:00 pm debía estar fuera del trabajo, pudo haberse quedado con amigos, tomando algunas cervezas o comiendo, pero no, era una de las víctimas de la masacre de Tumeremo.Todo indica que el hecho ocurrió en la madrugada del viernes 4 de marzo de 2016. Ni en la noche ni en la mañana llegó el hijo de Alonso, tampoco sus compañeros, lo que aumentó la sospecha de lo que luego la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, admitiría.“En las minas siempre matan gente, no es algo nuevo. Hay mineros que vienen de otras zonas y un día desaparecen, no lo ves más y como no tienen familiares acá, nadie los reclama. Esta vez fue diferente, no fue uno, fueron 17 según dijo la fiscal que fueron los cuerpos que encontraron, yo estoy seguro de que fueron más, pero como no tienen dolientes, no siguieron buscando”, dijo Alonso.Los familiares de las víctimas de la masacre de Tumeremo estaban conscientes de lo que se les confirmaría luego.
“Yo sabía que mi esposo no iba a aparecer vivo, pero quería que apareciera su cuerpo y los responsables paguen”, agrega Alexandra, otra de las familiares.
¿Quién cometió la barbarie?
Jamilton Andrés Suárez Ulloa, alias ‘el topo’. Sobre él y su banda recae el asesinato de los 17 mineros y fue batido el 6 de mayo de 2016 por funcionarios de la Guardia Nacional en la mina Nuevo Callao.No solo se le responsabiliza por la masacre de Tumeremo, también por presuntos vínculos con el Gobierno regional. Días antes del hecho, el diputado a la Asamblea Nacional, Américo De Grazia afirma que estuvo Aldrín Torres, diputado al Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), quien habría realizado un censo sobre los grupos que podrían operar. A ‘el topo’, le otorgarían el control de una de las minas, por lo que su tarea sería “limpiar” el resto para las trasnacionales.En total fueron 11 los detenidos por la masacre de Tumeremo. Sin embargo, el caso es más complejo de lo que parece, advierte De Grazia.
Un mal sin sanar
El parlamentario afirma que la violencia minera sigue siendo la misma “porque el origen del mal no ha sido sanado. Los pranes mineros siguen existiendo y cada mina tiene su operador que actúan como entes recolectores de oro y diamante que al final van a parar a una mafia que los sustrae por los caminos verdes”.
La actividad minera en el estado Bolívar siempre ha existido, “pero no operaba tanta ilegalidad como hoy”.
De Grazia hace mención a la existencia de dos informes que lleva una comisión mixta en la Asamblea Nacional, abocada al caso, uno del comisario José Gregorio Lezama, y otro del teniente José Jesús Leonardo Curbelo, en los cuales se evidencia cómo, cuándo, dónde y para qué operan los pranes mineros, además de quién entrega y cómo llegan las armas que utilizan, muchas de ellas decomisadas en el plan desarme, otras pertenecientes a la Fuerza Armada.“Estamos no solo frente a un gobierno totalitario y militarista, sino ante un narco Estado, no solo al de Bolívar sino a nivel nacional. Eso nos da una idea de la magnitud del problema en Venezuela. La situación es más compleja de lo que parece (…) armar el rompecabezas no será fácil, porque la Fiscalía y Defensoría no creo que estén dispuestas a colaborar en este momento”, puntualizó el diputado.