Marielys Valdez, inspectora General de Tribunales, aseguró que sí existe una base legal para juzgar a civiles en tribunales militares.

La inspectora General de Tribunales, Marielys Valdez, explicó que cualquier agresión contra un funcionario del orden público puede costarle a un civil ente 15 y 20 años de cárcel. Situación que durante las protestas en Venezuela, ha conllevado a que varios ciudadanos estén siendo juzgados en tribunales militares y no por el Ministerio Público.

“Hay un delito que se llama ataque al centinela, es una figura jurídica que se realiza contra un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana que se dedica al resguardo del orden público (…) Quien lo cometa va a ser juzgado en jurisdicción militar por organismos militares”, afirmó este miércoles en entrevista a Venezolana de Televisión.

La titular de los tribunales venezolanos indicó que hay antecedentes sobre civiles juzgados de esta manera: “Hubo una situación hace tres años en Fuerte Tiuna en la que una conjunto de mujeres civiles fueron juzgadas en tribunales militares por atacar una garita”. Marielys Valdez consideró que si los manifestantes usan excremento como método de defensa, incurren en uso de un arma biológica contra los funcionarios. Esto sería un delito tanto en el país como en la legislación internacional.

“El uso de estas armas, incluso las heces, reciben consecuencias porque pueden afectar las aguas y los sectores de una zona. No solo afecta a quien va dirigido, sino con el tiempo puede extenderse y causar enfermedades”, concluyó.

Marielys Valdez

explicó que el material fecal expone a la sociedad a una epidemia de enfermedades, así como la contaminación del agua y el suelo en las zonas donde sea utilizada. Tomando en cuenta que en las últimas semanas se ha hecho viral, la utilización de “puputov”, una especie de bomba molotov pero fabricada con heces fecales para que los ciudadanos se defiendan de la represión de los organismos de seguridad del Estado.