Luisa Ortega Díaz en España, mostrará las pruebas que tiene que supuestamente demuestran que el Gobierno venezolano financió al partido de izquierda, Podemos.
La exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz en España el próximo 13 de octubre en el Senado informará sobre las eventuales pruebas de las que dispone, respecto a la supuesta financiación por parte de Venezuela del partido español Podemos. Será en la Comisión de Investigación de Partidos Políticos de la Cámara Alta, a la que ese mismo día también fue convocado el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, con el mismo objetivo.
El gobernante Partido Popular (PP, centroderecha) tiene mayoría absoluta en el Senado y ha pedido la comparecencia de Ortega y Guevara en esa Comisión, a la que también fue convocado uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, para el 16 de octubre.
La oposición al Partido Popular renunció a participar en la Comisión por considerar que sólo pretende “contraprogramar” la que se abrió en el Congreso de los Diputados para analizar la financiación de los populares. El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Luis Aznar, Ortega y Guevara no sólo tienen conocimiento de estas prácticas, sino incluso disponen de «documentación» que «podría probar el dinero que los dirigentes de Podemos han venido recibiendo a lo largo de años del Gobierno venezolano».
«Para nosotros resulta importante poder descifrar si realmente un partido nuevo, que se creó hace muy pocos años en España, se ha constituido con un dinero procedente de otro país, un país donde la democracia brilla por su ausencia, tristemente», añadió Aznar.
Los gastos del viaje de Guevara desde Venezuela y de la exfiscal Ortega, en el extranjero tras su destitución del cargo que ocupaba, serán sufragados por la Cámara Alta, como es preceptivo con todos los convocados a comisiones de investigación, ante las que los comparecientes están obligados a decir la verdad. La supuesta financiación ilegal de Podemos ha sido motivo de polémica en España y de críticas por parte del PP, aunque el Tribunal Supremo ha archivado los casos en todas las ocasiones.