Luisa Ortega Díaz asumió los «errores» que no permitieron frenar a tiempo «la oleada autoritaria» que, asegura, se impuso sobre el Ministerio Público y el orden constitucional del país.

«Son tiempos difíciles para todos, pero sé que los años en los que construimos una institución fuerte y moderna, generaron en ustedes un sentido de pertenencia e identidad que nos harán superar los escollos que la dictadura ha puesto al buen andar del Ministerio Público», señaló Luisa Ortega Díaz en un documento que difundió en Twitter.

En el mensaje, que dio a conocer con motivo de lo que denominó «atípico 48 aniversario del Día del Ministerio Público», Luisa Ortega Díaz se dirigió a los trabajadores «para llenarlos de esperanza y fe de que pronto pasará este periodo de dificultades y de oscuridad» en el país y en la institución.

«Con absoluta responsabilidad y compromiso de futuro, asumo ante ustedes los errores que no nos permitieron a tiempo frenar la oleada autoritaria que se impuso sobre nuestra institución y el orden constitucional del país», agregó la funcionaria destituida.

Ortega, quien se encuentra bajo protección del Gobierno de Colombia, a donde llegó el 18 de agosto pasado, criticó que, «desde la más profunda ignorancia del derecho penal», quieran desde el Ministerio Público «hacer ver una efectividad ilusoria» que atribuyó «a una guerra entre bandas delincuenciales que se pasan facturas y utilizan a los fiscales para ejecutar sus venganzas».

«Debemos tener fortaleza, pues estoy segura de que no les queda mucho tiempo», añadió Ortega, quien afirmó que «a diario» se comunica con funcionarios que le hablan de la «destrucción progresiva a la que están sometiendo al Ministerio Público».

La destituida funcionaria vaticinó que «queda muy poco para acabar con la persecución interna al conocimiento, la honestidad y la probidad» y subrayó que «lo único» que no pueden asaltar militarmente y robarles «es la esperanza de recuperar lo que entre todos» construyeron.

Ortega fue destituida el 5 de agosto pasado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que la acusó de cometer «actos inmorales», y a su esposo, el diputado oficialista Germán Ferrer, de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.