El pasado 10 de diciembre se conmemoraron 68 años de la adopción por parte de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contempla una variedad de derechos que van desde los civiles y políticos hasta los sociales, económicos y culturales, sin separaciones o diferencias entre unos y otros. Esta Declaración fue una clara respuesta a los horrores a los que llevó al mundo el fascismo europeo, representado esencialmente por Hitler y sus políticas de exterminio racial; también fue parte de un nuevo orden internacional que se estaba instaurando como consecuencia del triunfo aliado en la segunda guerra mundial.
La cooperación internacional en materia de derechos humanos no ha hecho que reforzarse a lo largo de estos años. Consecuentemente, la comunidad internacional convencida de la necesidad de darle asidero jurídico sólido ha adoptado un conjunto de tratados internacionales para fortalecer el sistema internacional de defensa y promoción de tales derechos entre los que cabe destacar los siguientes, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.
El Estado venezolano es signatario de todos estos instrumentos adoptados con su participación activa y consentimiento. La Constitución de 1999, en su Título III, enuncia los principios fundamentales para el ejercicio de los derechos humanos y el órgano que tiene la responsabilidad de su promoción, vigilancia y defensa en el país es la Defensoría del Pueblo. No obstante lo anterior, es bien sabido que la Defensoría del Pueblo nunca ha cumplido con su cometido y que la Constitución, por vía de interesadas interpretaciones, ha sido tergiversada y violada en función de los intereses oficialistas.
Todos los Estados, de conformidad con los acuerdos internacionales y de los cuales forman parte, tienen el deber de proteger y promover todos los derechos humanos así como las libertades fundamentales de sus ciudadanos. Estos derechos, por cierto, son universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes, por lo que la privación de un derecho afecta adversamente a los otros. Quienes tienen la obligación de respetar, proteger y promover tales derechos son los Estados, por lo que quienes están al frente de las instituciones del Estado son los responsables en esta materia.
A partir de febrero de 2014 se desata una violenta represión contra los opositores –ahí están los actuales 106 presos políticos-, por lo que el uso desproporcionado de la fuerza, que trajo consigo asesinatos, tortura física, tratos degradantes, detenciones arbitrarias, procesos políticos y persecución indiscriminada, puso en evidencia el desprecio del gobierno por los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. La consecuencia directa de ello ha sido poner de manifiesto ante la comunidad internacional el carácter dictatorial del régimen. No hay que olvidar que a raíz de todos los avances que se han hecho en el mundo durante estos últimos 68 años en materia de derechos humanos, los gobiernos y la opinión pública internacional, condenan y denuncian aquellos gobiernos que irrespetan los más elementales estándares de los derechos humanos.
En Venezuela hay una constante y cotidiana violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tal es el caso del derecho a la vida, problema esencial y fundamental en un país donde están ocurriendo un mínimo de más de 25.000 muertes violentas al año, que nos coloca con una tasa de homicidios de 82 habitantes por cada 100.000, que hace de Caracas la ciudad más violenta del mundo pero también Valencia y Maturín figuran entre las diez primeras.
En Venezuela se está violando el derecho fundamental a la alimentación. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. En nuestro país no hay acceso físico ni económico, por parte de la población, a los alimentos. Lo mismo ocurre en materia de salud y al derecho que todos tenemos de acceder a ella, ya sea a través de los sistemas de salud pública o el acceso a los medicamentos necesarios para preservar nuestra vida.
Otro derecho fundamental que es violado por el Estado en nuestro país es la libertad de expresión, que es la columna vertebral de cualquier sistema democrático. En Venezuela todos aquellos que adversan al régimen y expresan sus opiniones o ejercen su trabajo – ahí está el caso de los directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla – son perseguidos o encarcelados por sus ideas.
La oposición tiene que ser más firme y constante en la denuncia bien fundamentada, en los foros correspondientes así como ante la opinión publica mundial, de las innumerables violaciones por parte del régimen de los derechos humanos en nuestro país pues esto es lo que más motiva a los gobiernos, a las ONG y a los ciudadanos del mundo en general, a condenar a regímenes como el venezolano.
@fernandogerbasi