Ciudadanos que  piensan diferente están condenados a pasar hambre. En Venezuela, Ley de los Consejos Comunales apunta al estómago de opositores.

Adquirir productos alimenticios en la Venezuela revolucionaria y socialista de Nicolás Maduro, es una proeza, porque al parecer la Ley de los Consejos Comunales, ahora apunta al estómago de los opositores, quienes no tienen derecho a comprar los productos alimenticios de la cesta básica, lo que pone en riesgo la salud, la vida y los derechos humanos de muchas familias.

Ante la denuncia formulada por un ciudadano al equipo de elcorreodelorinoco.com, quien suscribe acudió a un establecimiento ubicado en la avenida Costanera de Barcelona, donde según explica,  hasta hace tres meses, cuando fue vendido, podía comprar cualquier persona que dispusiera del dinero para hacerlo, hoy eso cambió y para peor, porque la Ley de los Consejos Comunales declara la guerra a quienes no se arrodillan ante Maduro.

El lugar  paradójicamente llamado «On Day» es atendido por una revolucionaria anti imperialista poco convencional, a juzgar por su vestimenta, muy de marca,  quien de una vez pregunta a sus clientes qué consejo comunal les envía y dependiendo de la respuesta, les vende o no la bolsa de comida cuyo costo asciende a 4 mil bolívares y contiene alrededor de 6 productos básicos.

«Hice la cola por más de dos horas, cuando logré entrar,  dije la verdad, que ningún consejo comunal me enviaba, entre otras cosas porque esa es una forma de organización de los revolucionarios en la que no creo, e inmediatamente me dijeron que no podía comprar, porque solo estaban vendiendo a los remitidos por los consejos comunales, que fuera el día sábado, que era el asignado para la gente no organizada”.

El denunciante señala que regresó el día sábado como le habían indicado y entonces le dijeron que volviera el lunes, porque la mercancía ya estaba agotada. “Es una treta para doblegarnos por el estómago, este Gobierno y sus colaboradores son asesinos del pueblo, hambreadores y pagarán por sus crímenes, porque lo que hacen está calificado como delito de lesa humanidad”, sostuvo.

De cara a este testimonio, acudimos como un  usuario  cualquiera al establecimiento y tras hacer la cola de rigor, fuimos despedidos por la misma razón, no habíamos sido remitidos por un consejo comunal.

Esta práctica según advierten residentes de las urbanizaciones vecinas  se ha vuelto permanente. “Yo vivo en Guaica Sol y desde diciembre no me han permitido comprar productos regulados en ese establecimiento, sólo le venden a quienes abiertamente se identifican con el gobierno», afirma una vecina quien no se identificó, aseverando que permanentemente ven salir militares del local con bolsas de viveres y otros productos. Eso lo prevé la Ley de Consejos Comunales.