Diputados opositores aseguran que pese a las circunstancias del país, la Ley de Amnistía constituye una esperanza para los presos políticos.
Para el diputado de la Asamblea Nacional por la MUD, Armando Armas, la Ley de Amnistía aprobada por el Legislativo, abre las puertas de las cárceles a los presos políticos y estudiantes que en 2014 salieron a luchar por la libertad y fueron condenados por pensar distinto, así como a los perseguidos del régimen que tuvieron que irse del país o se les allanó la inmunidad parlamentaria.
“Se ha desmontado la mentira de que la Ley de Amnistía amparará a homicidas, banqueros prófugos o terroristas», sostiene el parlamentario anzoatiguense y vicepresidente de Comisión de Defensa, quien junto a otros parlamentarios de la Mesa de la Unidad, tuvo como bandera la aprobación del instrumento, durante la campaña electoral.
“Esta Ley viene a beneficiar a 76 presos políticos, entre ellos Leopoldo López, Daniel Ceballos, Manuel Rosales, Antonio Ledezma, Raúl Baduel, Gilberto Sojo, Rosmit Mantilla, Renzo Prieto, los policías y decenas de estudiantes. Pero los culpables de muertes como la de Bassil Da Costa, Geraldine Moreno, Robert Redman, Juancho Montoya, José Alejandro Márquez, Kluibert Roa y otros venezolanos, deberán pagar” expone Armas, tras precisar que no e momento para la retaliación sino para la reconciliación.
Estima sí impostergable, la necesidad de que se conozca la verdad y se ponga fin al sufrimiento de centenares de familias que han tenido que vivir la angustia de procesos amañados y de una justicia injusta.
“Llegó la hora de recobrar la paz y volver a tener un país libre y de oportunidades. Tenemos que cerrar este capítulo doloroso y que más nunca un venezolano sea preso por sus ideas”.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución, el presidente Nicolás Maduro tiene 10 días para presentar a la AN sus observaciones sobre la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
«Si se excede de los lapsos fijados, el Parlamento podrá promulgar la Ley, y en cuanto al Tribunal Supremo de Justicia, sólo podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma cuando se trate de delitos de lesa humanidad y de violación de derechos humanos, que en este caso no están contemplados», aclaró el diputado Armando Armas.
Precisamente ésa es la situación vivida por la familia del ex
La parlamentaria confiesa que el haber vivido uno de los juicios más largos y controversiales que haya tenido lugar en Venezuela, ver a su esposo condenado a 30 años de prisión, por los sucesos del 11 de abril de 2002 y sentir los rigores de una justicia que se corre el velo para ver a quien llega o no, fueron motivos suficientes para tomar las banderas de lucha en lugar de amilanarse y los resultados, dijo, se están viendo. A su juicio, el cambio está muy cerca.