Al menos 100 presos políticos y otras 3 mil personas sujetas a procesos judiciales y sanciones administrativas, forman parte de la extensa lista de beneficiarios que aguardan por la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
Este martes, mientras la familia Leopoldo López estaba congregada en Madrid, para presentar su libro “Preso pero libre”, escrito durante los dos años que lleva privado de libertad por el régimen, en Anzoátegui, representantes del Movimiento Todos por la Libertad se reunían con representantes de los gremios y demás ciudadanos para hablar de la Ley de Amnistía.
El instrumento se encuentra en la etapa de discusión legislativa y por ello las abogados Ana Leonor Acosta y Nohelia Álvarez, junto a Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno, (fallecida), Jhonny Montoya, hermano de Juancho Montoya (fallecido) y Gerardo Resplandor (ex preso político), decidieron dar la discusión en la calle sobre los alcances del proyecto de Ley que próximamente recibirá luz verde por parte del Legislativo.
El Movimiento Todos por la Libertad, ha estado promoviendo la aprobación en segunda discusión del proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, cuyo objetivo es eliminar los delitos y penas impuestos de manera injusta por el régimen de Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después.
La Ley de Amnistía busca también eliminar los procesos que han sido abiertos contra los perseguidos por expresar su opinión y defender sus derechos consagrados en la Constitución nacional, incluso los exiliados.
“Aquí si hay presos políticos. A Leopoldo López se le atribuyeron delitos de homicidio que el Ministerio Público eliminó gracias al trabajo de investigación de los periodistas, donde se demostró que la violencia en las protestas de 2014, vino de los organismos policiales y de afectos al gobierno”, precisa la abogada Ana Acosta.
Al referirse a la reconciliación nacional, las profesionales del derecho que conforman el Movimiento Todos por la Libertad, la conciben como la única forma de recobrar el Estado de derecho en el país y que los jueces actúen con independencia, no siguiendo las instrucciones de un alto funcionario del Ejecutivo.
Hasta ahora el Movimiento ha recorrido los estados Carabobo, Zulia, Lara, Monagas, Mérida y Anzoátegui. La próxima entidad a visitar será Táchira según anuncian y subrayan que el cuerpo de la legislación está enfocado a hechos ocurridos desde el año 1999.