juicio politico a dilma aplica en VenezuelaAplicar algo similiar al juicio político a Dilma Rousseff al parecer es posible en Venezuela, pues uno similar ocurrió con Carlos Andrés Pérez

El juicio político a Dilma Rousseff que se llevará a cabo en los próximos días, tras la decisión mayoritaria de los diputados del Congreso de Brasil, ocurrió en Venezuela hace casi 23 años.

El fallecido expresidente Carlos Andrés Pérez fue el primer mandatario venezolano en ser protagonista de un juicio político por malversación de fondos, que ascendía a 250 millones de bolívares, pertenecientes a la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores.

juicio politico a dilma aplica en VenezuelaEl encargado de destapar la olla en ese entonces fue el periodista José Vicente Rangel en 1992, por lo que el Fiscal General de la República, durante ese periodo, Ramón Escovar Salom, inició un antejuicio de mérito y el 20 de mayo de 1992 la Corte Suprema de Justicia lo declaró con lugar.

A pocas horas el Senado de la República autorizó el antejuicio, por lo que Pérez tuvo que separarse de la presidencia, siendo designado como presidente encargado de la República, la máxima autoridad del Congreso Nacional en ese entonces, Octavio Lepage.

Pérez estuvo recluido en el retén judicial de El Junquito y fue condenado el 30 de mayo de 1996 a 28 meses de prisión domiciliaria, tras ampararse a un beneficio penitenciario, sin embargo, el 18 de septiembre de 1996 Pérez salió en libertad y a los pocos meses volvió a la política para presentar su nuevo partido, el Movimiento de Apertura y Participación Nacional, luego de ser expulsado de Acción Democrática.

Pero, el 14 de abril de 1998 el extinto Tribunal Superior de Salvaguardia del Patrimonio Público (TSS) ordenó su arresto domiciliario y fue puesto bajo custodia policial por unos nuevos cargos de enriquecimiento ilícito, presuntamente cometidos en su segundo mandato, por casi 950 mil dólares de dinero público que estaban en cuentas abiertas de sucursales del Citibank y el Republican National Bank de Nueva York.

Además, pesaba sobre él una orden judicial de privación de libertad por delito de “homicidio intencional calificado” vinculado a las muertes del Caracazo, que contemplaba una pena de 15 a 20 años de prisión.

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