La fiscalía propuso que el juicio de los narcosobrinos empiece formalmente el próximo 7 de noviembre, ambos acusados de narcotráfico. 

El juicio de los nacosobrinos, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, comenzará el 7 de noviembre de este año. La decisión fue dictada por un juez de la corte federal de Manhattan. El juez Paul Crotty advirtió a los acusados en repetidas oportunidades el “autentico peligro” que implica que una misma persona esté pagando a ambos defensores, Michael Mann y David Rody, ya que esta situación puede originar conflicto de intereses.

Durante la audiencia que se llevó a cabo este jueves 12 de mayo y que tuvo una duración aproximada de media hora, ambos jóvenes aseguraron entender los riesgos y expusieron su decisión de proseguir con el juicio y sus defensores, pese a que la estrategia legal podría beneficiar a uno y perjudicar a otro. Ambos se comunicaron a través de un traductor.

Los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Campo Flores (de 29 años) y Franqui Francisco Flores de Freitas (de 30 años), fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, el 11 de noviembre de 2015 cuando presuntamente intentaban cerrar un acuerdo para traficar cocaína. En los documentos judiciales se describe que las conversaciones para el traslado de la droga a Estados Unidos a través de Honduras se realizaron desde Venezuela. Ambos se declararon en diciembre inocentes de los cargos federales, que conllevan una posible sentencia máxima de cadena perpetua, siguen detenidos sin derecho de fianza.

La fiscalía planteó una serie de fechas tentativas para el proceso judicial: antes del 1 de julio se presentarán las pruebas del caso y las respuestas de los abogados deberán ser introducidas antes del 5 de agosto. La fecha en noviembre para el inicio del juicio también fue propuesta por el gobierno estadounidense pero podría cambiar, dependiendo de cómo avance el caso.

La única declaración por parte del Gobierno de Venezuela que se conoce, fue la del Ministerio de Relaciones Exteriores acusando a Estados Unidos de “terrorismo judicial”.