El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) alertó sobre el repunte del hostigamiento a periodistas y ataques a medios de comunicación públicos y privados.

Según un reporte de esta ONG periodística, las declaraciones de las víctimas en medios de comunicación públicos y privados o la difusión de datos por parte de periodistas han precedido la mayoría de las actuaciones por organismos de seguridad del Estado, que han exigido a los detenidos o interrogados que revelen las identidades de sus fuentes de información.

Un editor preso, doce ciudadanos y periodistas fueron llevados, sin orden judicial, a la sede de organismos de seguridad e inteligencia policial por ejercer el derecho a la información y la expresión, de acuerdo a los registros de Ipys Venezuela, entre mayo de 2016 y enero de 2017.

Este es el saldo que marca el Estado de Excepción que restringe las libertades políticas y civiles. Esto ha ocurrido mientras el Gobierno venezolano implementa mecanismos para obtener información sobre fuentes sensibles y enviar un mensaje a otros actores, que pretende hacer de los casos de detenciones un ejemplo para quienes ejerzan la crítica o expresen opiniones adversas a la actual gestión de Gobierno.

“El fin último es intimidar y silenciar la crítica, promover la autocensura y limitar la capacidad de los medios y periodistas”, agregó el informe.

Según el Instituto de Prensa y Sociedad, en los últimos tres años han sido recurrentes las actuaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); así como otras instancias creadas desde el Gobierno para impulsar acciones de vigilancia entre ciudadanos, como los Comités Locales de Abastecimiento Popular (Clap), y los grupos de choques para atacar a los medios de comunicación públicos y privados.

El reporte concluyó que cuando se ejecutan sin causa probable u órdenes judiciales, estas acciones vulneran los derechos al debido proceso, la privacidad y a la información, garantías ciudadanas consagradas en la Constitución de la República y los estándares internacionales de libertad de expresión y de acceso a la justicia.