Investigación por Maibort Petit
Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas
En la rogatoria internacional que la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra dirigió a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2012, se pueden observar los movimientos de cuentas que Diego Salazar, Nervis Villalobos, Omar Faríaz Luces, realizaron en la BPA a través de un conjunto de empresas de maletín que les permitieron lavar el dinero proveniente de comisiones cobradas a cambio de la aprobación de contratos de PDVSA. Seguidamente se expone el análisis de los movimientos de las cuentas de las persones físicas y jurídicas investigadas por el Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra. Las cuentas de Diego Salazar Carreño En primer lugar cita la cuenta número AD66 0006 0008 2512 0026 9407, abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de Highland Assets Corp. (Panamá), cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello. Con un saldo al 18 de noviembre del 2011 de 3.415.714,39 euros. El contrato de apertura de cuenta y los cuestionarios indican que el causahabiente de la referida cuenta es Diego José Salazar Carreño. Se asegura que los fondos se han originado a raíz de la intermediación en operaciones de petróleo. Se informa en el mismo formulario que la cuenta recibirá dinero de Worldwide Traders Line, S.A. y que de los 2 formularios no firmados por el cliente, uno establecido con la denominación de la persona jurídica titular de la cuenta, a saber Highland Assets Corp. y el otro para el beneficiario, la mercantil venezolana Iver DT Asesores de Negocios, C.A. siendo el gestor Pablo Laplana Morales. Existiendo un contrato entre el banco BPA y las mercantiles Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Worldwide Traders Line, S.A., y Red Bouquet Fundation, pues parecerían sociedades pantalla. Las cuentas de Omar Farías Luces Se registra también la cuenta AD22 0006 0008 2012 0038 6165 abierta el 22 de junio de 2009, a nombre de I.S.B. Sociedad CS, S.A., (Panamá), cuyo representantes son Omar Jesús Farías Luces y Luis Mariano Rodríguez Cabello, con un saldo al 18 de noviembre de 2011 de EUR 361,43. El contrato especifica que los derechohabientes son los representantes. Existen 4 certificados de acciones de I.S.B. Sociedad CS, S.A., uno a nombre de cada uno de los representantes, así como uno a nombre de la misma sociedad. Esta cuenta se alimenta de varias transferencias internacionales, que representan la parte más importante de los fondos, debiendo destacarse que recibe de la sociedad PDV Insurance Company LTD las cantidades de USD 42.320.766,57 y EUR 709.095,75. También se canalizan traspasos procedentes de las cuentas de Baychester Investments S.A. (USD 15.085.000,00), y High Advisory and Consulting (USD 726.149,11). Las cuentas de Nervis Villalobos La cuenta AD33 0006 0008 2112 0033 0531, abierta el 30 de julio de 2008 y cancelada el 25 de enero de 2011, a nombre de Lomond Overseas, S.A. (Panamá), cuyo representante es Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas. Según el contrato de apertura de cuenta el derechohabiente de los fondos, también es el representante. Tanto este formulario como el registro de firmas están firmados por Villalobos Cárdenas. Una copia de un documento fechado el 14 de agosto de 2008 en respuesta a una petición de Banca Privada de Andorra (BPA), el «International Center of Economic Penalti Studies” refiere que Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas fue investigado en 2006, junto con el expresidente de Banco de Comercio Exterior, BANCOEX, Rodolfo Eduardo Sanz y el encargado de planificación del proyecto energético popular, Luis Casal BErno por un presunto enriquecimiento ilícito sin que el caso llegara a los tribunales, puesto que no se llegó a ninguna conclusión. En el formulario de conocimiento del cliente (KYC) relativo a la mercantil Lomond Overseas, S.A. que no está firmado por el representante, se hace constar como origen del dinero la intermediación comercial. Entre la documentación analizada, hay un contrato privado entre Lomond Overseas, S.A. y Beford Investments S.A., firmado en Caracas el 26 de febrero de 2009, por la prestación de servicios (sin especificar) de la segunda mercantil a la primera, contra el pago de USD 1.000.000,00. Por Maibort Petit @maibortpetit Investigación completa aqui.
Ángel Alberto Rodríguez Torres: El empresario chavista que en la retaguardia vigila sus negocios con el gobierno
El bajo perfil puede ser la mejor manera de evitar que los ojos escrutadores y contralores adviertan las componendas, irregularidades y corruptelas. Esta ha sido la estratagema usada por el hermano del exministro del Interior y Justicia en sus múltiples operaciones con el estado venezolano. ¿Su táctica? El silencio, la discreción, evitar que las miradas se dirijan hacia él y puedan darse cuenta de las corruptelas que lo llevaron —de la noche a la mañana y por medios inexplicables— a convertirse en un corredor de seguros, constructor y contratista petrolero. Eso sí, esta reserva para nada debe interpretarse como pasividad pues, tras bastidores, allá en la retaguardia, Ángel Alberto Rodríguez Torres, se mantiene vigilante de los negocios que mantiene con el gobierno venezolano y para los cuales se vale de prestanombres o testaferros que dan la cara por él. Su record exhibe, entre otras, denuncias por irregularidades en la ejecución de la «Ciudad Socialista Belén», complejo habitacional construido en Guarenas, estado Miranda. ¿Quién es? Ángel Alberto Rodríguez Torres[1], titular de la cédula de identidad N° V-9.602.559 es hermano del exministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, exfuncionario chavista hoy caído en desgracia en el seno del oficialismo y detenido por órdenes del presidente Nicolás Maduro. Nacido en 2 de octubre de 1967, sus registros lo ubican en el Municipio Chacao del estado Miranda. La cuenta individual de Ángel Alberto Rodríguez Torres en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS[2], refiere que tiene un estatus cesante desde el 2 de septiembre de 1987 de la empresa Mercabar, C.A., con el número patronal L16402453. Su fecha de afiliación fue el 12 de marzo de 1986 y su fecha de contingencia es el 2 de octubre de 2027. Su último salario fue Bs. 0,46 con un total de 49 semanas cotizadas. Según el Registro Electoral Permanente, Ángel Alberto Rodríguez Torres ejerce su derecho al sufragio en el Centro Médico “Carlos Diez” del Instituto Venezolano de Seguro Social de Chacao. Se casó el 8 de octubre de 2003 con Silvia Martínez Jarque, de quien se divorció el 16 de noviembre de 2009[3]. Irregularidades en Monlosa Su principal empresa es Inversiones Monlosa, C.A. (Salomón al revés), con Registro de Información Fiscal, RIF, J-31226090-4, la cual tiene una exoneración del Impuesto sobre la Renta, ISLR, como incentivo por su actividad de construcción de “viviendas dignas”, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 8.175[4] de la Presidencia de la República. Monlosa tiene su sede en la Avenida Venezuela de El Rosal, Torre Asociación Bancaria, Piso 7, Oficina 73. Municipio Chacao, Estado Miranda. Tiene un trabajador. Esta empresa tiene como objeto “el desarrollo, fabricación y construcción de obras civiles tales como edificaciones, estructurales, de concreto, viales, movimiento de tierra y urbanismo; proyectos de diseños y análisis estructurales de obras civiles; inspección y/o trabajos de control a las fabricaciones y construcciones de obras civiles; inversiones en desarrollos inmobiliarios; compra, venta y administración de bienes muebles e inmuebles”[5]. Esta empresa ha sido objeto de denuncias de acoso laboral por parte de los trabajadores, además de señalar a su propietario y presidente, Ángel Rodríguez Torres, de utilizar a la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, “para elaborar actas amañadas, parcializadas con la empresa, con el fin de que en la Inspectoría del Trabajo, proceda la solicitud de calificación de despido”. Investigación completa aqui. Por Maibort Petit @maibortpetit
Saqueo de armamento y baja moral sacude cuarteles en Venezuela
La debacle parece haber llegado a la institución castrense, donde a las bajas militares y deserción de la tropa y oficialidad media, se suma el deterioro de los equipos, la falta de mantenimiento, la impericia, negligencia y, peor aún, la pérdida y sustracción de armamento y municiones. No solamente el hambre y de la deserción imperan en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, como se ha venido denunciando en los últimos días, al darse a conocer los cientos de bajas —o simplemente abandono— que han tenido lugar a raíz de la crisis imperante en la institución castrense, donde sólo la alta oficialidad disfruta de las mieles que brinda el usufructo del poder, pues las tropas profesionales y conscriptas han decidido dejar los cuarteles para ir a buscar los medios que les permitan mitigar la falta de alimentos que padecen ellos y sus familias. No, la crisis también se hace evidente en el desmantelamiento o más bien debacle, que sufre el equipo militar el cual, según deja ver un documento llegado a nuestras manos, está muy alejado de ser el sofisticado aparataje del que presume el gobierno nacional en cada referencia que hace a la FANB y, por el contrario, solamente es un conjunto de chatarra que se acumula en las instalaciones del que otrora fuera el “glorioso” ejército venezolano forjador de libertades. Un informe técnico confidencial que está en nuestro poder identificado con el número CMVB-DMAG-AMX-30V-001-18, fechado el 8 de febrero de 2018 y remitido por el coronel José Antonio López Acevedo, director del Centro de Mantenimiento de Blindados al general de brigada Gerardo Enrique Merchán Sánchez, comandante de la 11 Brigada Blindada “G/B. Pedro Ruiz Rondón”, da cuenta del resultado de la evaluación realizada entre los meses de enero y febrero del presente año a los tanques AMX-30V pertenecientes al 113 Batallón Blindado “Cnel. Leonardo Infante” ubicado en el municipio Mara del estado Zulia. Allí se presenta un diagnóstico de las unidades, así como del grado de deterioro, pérdida y desmantelamiento de las mismas. Igualmente se hacen las recomendaciones pertinentes a fin de lograr la recuperación del parque blindado del ejército y los planes de inspecciones y visitas de los equipos móviles del Centro de Mantenimiento de Vehículos Blindados del Ejército Bolivariano[1], Cenamblin[2]. Por Maibort Petit/Venezuela al Día @maibortpetit Investigación completa y documentos.
Conoce cómo Irán usó ‘la construcción de viviendas para pobres en Venezuela’ para violar las sanciones de los E.E. U.U.
La juez de distrito negó -por segunda vez- la solicitud de fianza hecha por los abogados del empresario iraní acusado de lavar el dinero del régimen iraní a través de proyectos de viviendas para la población de bajos recursos del gobierno venezolano. En una audiencia celebrada este miércoles en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la magistrada Bárbara Moses negó la petición de libertad bajo fianza hecha por los abogados defensores del empresario iraní, Ali Sadr Hashemi Nejad acusado por los Estados Unidos de lavar millones de dólares al régimen iraní proveniente de Venezuela, y de violar las sanciones impuestas a la República Islámica de Irán por el gobierno estadounidense. Solucionar la crisis habitacional en Venezuela se convirtió en el pretexto para realizar una serie de operaciones financieras que permitieron lavar millones de dólares que estaban destinados a las arcas iranés. Un intrincado esquema diseñado por el empresario y banquero persa, Ali Sadr Hashemi Nejad, facilitó la jugada destinada a evadir las sanciones de EE. UU. a la nación islámica. Construir viviendas en Venezuela pareció ser la coartada perfecta para enmascarar las operaciones financieras del gobierno iraní y así evadir las sanciones impuestas a la nación persa por el gobierno de los Estados Unidos a raíz de su programa nuclear y las sospechas de la administración norteamericana de que se fabrican armas nucleares en secreto en la república islámica. El programa de misiles iraní desencadenó en 2016 una crisis que llevó a EE. UU. a imponer las medidas que luego, con la llegada de Donald Trump al poder se han incrementado. En reiteradas ocasiones, el presidente iraní Hassan Rohani ha advertido a Washington que no tolerará más exigencias fuera de las en el acuerdo nuclear suscrito en 2015 al amparo del Grupo 5-1 (EE. UU., Rusia, China, Francia y el Reino Unido, miembros con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania), el cual se firmó con el objetivo de levantar las sanciones internacionales que regían contra el gobierno de Teherán. Destaquemos que entre los años 2006 y 2010 el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, emitió en cuatro ocasiones sanciones a Irán por sus actividades de enriquecimiento de uranio (2006, resolución 1737; 2007, resolución 1747; 2008, resolución 1803; 2010, resolución 1929). En cada uno de estos capítulos, dichas sanciones se ampliaron e hicieron más complejas, dada la poca o nula cooperación del gobierno del entonces presidente, Mahmud Ahmadineyad, en el cumplimiento de sus obligaciones respecto al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y por no permitir la verificación internacional que permitiera comprobar que su industria nuclear tiene fines pacíficos[1]. Información completa aqui. Por Maibort Petit @maibortpetit
Conoce la maquinaria de lavado de Nicolás Maduro y Daniel Ortega
La “cooperación” venezolana a Nicaragua permitió a la administración de Daniel Ortega manejar discrecionalmente los fondos que alcanzaron los USD 3.743 millones durante más de 11 años, sirviendo este dinero de sustento y base a su autoritario gobierno. Un informe producto de una investigación realizado por Freedom House para evaluar el desempeño del convenio de Cooperación Venezolana en Nicaragua que se lleva a cabo a través de la empresa mixta Alba de Nicaragua, S.A., Albanisa, analiza el esquema bajo el cual fueron utilizados los fondos provenientes de la venta de petróleo suministrado por Venezuela, por parte de actores de Nicaragua entre los años 2007 y 2017. Entre los primeros actos llevados a cabo por Daniel Ortega al retorno a la presidencia de Nicaragua el 10 de enero de 2007 (ya había gobernado el país centroamericano de 1979 a 1990), estuvo la firma de adhesión —el día 11 de enero de 2007— de la nación centroamericana al acuerdo denominado Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, programa promovido por el finado presidente venezolano, Hugo Chávez Frías. Igualmente se suscribieron quince acuerdos de cooperación, entre los que destacaba la incorporación a Petrocaribe, un hecho altamente significativo para ese país, toda vez que se ubica como el segundo más pobre del hemisferio occidental — PIB de 13,231 millones de dólares en el año 2016— y es un importador neto de petróleo —14 mil barriles diarios—, por lo que el conjunto de facilidades otorgadas por Venezuela en la venta de crudo a los países miembros del citado plan, conformaron la ecuación perfecta para que Ortega se aliara a Chávez con quien, además, lo unían las afinidades ideológicas. El “Acuerdo sobre la Cooperación en el sector energético entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Nicaragua” destaca entre sus objetivos: fortalecer las relaciones energéticas “a través de la conformación de empresas mixtas, empresas de servicios y otros sectores de interés mutuo”; conformación de empresas mixtas entre PDVSA y los entes estatales que designe el gobierno de Nicaragua; optimización de además de suministro de combustible en el mercado interno; suministro de crudo y productos refinados; evaluación de proyectos para la construcción de terminales de transporte de GLP; posible construcción de un gasoducto transcaribeño; optimización de la infraestructura de terminales, distribución, almacenamiento de crudos; cooperación para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Por Maibort Petit/Venezuela al Día @maibortpetit Investigación completa aquí
Gobierno de E.E. U.U tendrá hasta el 19 de mayo para entregar evidencias contra «El Chapo» Guzmán
Gobierno de E.E. U.U tendrá hasta el 19 de mayo para entregar evidencias contra » El Chapo » Guzmán. La próxima audiencia se realizará el 30 de mayo. Los fiscales federales informaron al juez de distrito de los Estados Unidos, Brian Cogan, la dificultades que han tenido para obtener todas las evidencias que deben entregarse al tribunal antes del juicio del célebre narcotraficante Joaquín » El Chapo » Guzmán, motivado a que muchas de las pruebas vienen del extranjero. El magistrado fijó como fecha límite para la consignación de los documentos el 19 de mayo de 2018. La defensa pidió a Cogan limitar la cantidad de nuevas pruebas que los fiscales podrían presentar en el caso antes del juicio, diciendo que no las entregaron con la prontitud deseada. «Según ellos, han estado investigando al Sr. Guzmán desde los años 80», dijo el abogado defensor, Eduardo Balarezo, quien advirtió que era ya el tiempo de poner todo lo que tienen sobre la mesa. 1000 personas para el jurado Durante la audiencia celebrada este martes 17 de abril, Cogan también informó que tenía previsto convocar entre 800 a 1,000 personas para seleccionar los potenciales jurados para el juicio de Joaquín » El Chapo » Guzmán. El proceso durará al menos tres meses y se prevé que el mismo sea complejo y extremadamente polémico. Cogan pidió avanzar en el proceso, y anunció que la próxima cita será el 30 de mayo de 2018. Nuevamente, el magistrado negó al acusado la posibilidad de dirigirse hacia a él directamente en la corte, y repitió que todas las comunicaciones deben hacerse a través de los abogados defensores. Guzmán pretendía leer un a carta a Cogan para denunciar las supuestas condiciones inhumanas de su encarcelamiento. En relación al jurado, el juez advirtió que el proceso de selección será cuidadoso, que se realizará en las próximas tres semanas y que los potenciales jurados llegarían a la corte a fines de julio y principios de agosto para recibir los respectivos cuestionarios. El juicio se iniciará en el mes de septiembre de 2018. El juez explicó que el elevado número de personas a integrar el jurado se debe a la necesidad de seleccionar las personas idóneas para atender un caso de la magnitud del de Joaquín Guzmán Loera. Información completa aqui. Por Maibort Petit @maibortpetit
Hermann Escarrá: de defensor de Boliburgueses a legalista represor
A continuación presentamos unos documentos escritos del puño y letra del abogado constitucionalista, Hermann Escarrá, en los que defiende y reclama el respeto de los derechos de quienes estafaron a la nación durante el gobierno de Hugo Chávez. El jurista ahora exige castigo para quienes disientan del socialismo del siglo XXI y piden que sean declarados constitucionalmente como traidores a la patria. El defensor a ultranza del régimen de Nicolás Maduro, el constituyente Hermann Escarrá, quien en la actualidad trabaja en la confección del articulado que sobre los delitos de «traición a la patria» se incorporarán al texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que se propone reformar —o reescribir— la Asamblea Nacional Constituyente instituida irregularmente por la administración de Nicolás Maduro, anunció que dicho órgano «será firme» a la hora de imponer los castigos constitucionales a los venezolanos que deambulan por el mundo solicitando sanciones para el país. Curiosamente, Escarrá —sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos— al momento de esgrimir los argumentos que darán sustento al articulado que prevé los castigos a implementar la traición a la revolución chavista, deja de lado todas las tesis que uso cuando en 2010 defendió los derechos del banquero para la época prófugo del gobierno de Hugo Chávez, Pedro José Torres Ciliberto y de su hijo Pedro José Torres Picón, quienes en aquel entonces se encontraban solicitando asilo político en los Estados Unidos de América. Y es que hay que recordar que Hermann Escarrá formó parte del costoso equipo de abogados contratado por Torres Ciliberto para que lo defendieran de las acusaciones formuladas por los órganos de justicia de Hugo Chávez que lo acusaban de delitos de apropiación de fondos públicos y fraude financiero. Torres Ciliberto fue por años miembro del contubernio chavista, y gracias a sus contactos logró hacerse de bancos para aquellos tiempos importantes según reportan los récords públicos. Por Maibort Petit @maibortpetit Investigación completa y documentos aquí.
Luis Carlos De León Pérez deberá permanecer en prisión: Corte niega libertad bajo fianza
En un documento de la corte de Houston se informa que el dinero en efectivo era traficado en aviones privados y era entregado a los funcionarios corruptos de PDVSA y de la Electricidad de Caracas. La nueva defensa intentará en una nueva audiencia conseguir la libertad condicional para el acusado. Durante la audiencia de presentación de Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y violación de la ley de Prácticas Corruptas, el juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, Francis H. Stacy, consideró que existe un alto riesgo de que el acusado huya del territorio estadunidense a Venezuela, país con el que no existe tratado de extradición, razón por cual decidió que el demandado permanezca bajo la custodia de las autoridades federales en la ciudad de Houston. De León Pérez fue arrestado junto a Nervis Villalobos, César David Rincón Godoy y Rafael Reiter Muñoz, por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España en octubre de 2017, luego de recibir una orden internacional de arresto dictada por el gobierno de los Estados Unidos. De León Pérez es un hombre de confianza del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, quien es reclamado por las autoridades españolas por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Durante la gestión de Javier Alvarado en la empresa eléctrica, los miembros de la comisión de licitaciones eran presionados para que otorgaran contratos a las empresas preferidas del entonces presidente, a cambio del pago de sobornos. Debido a la historia criminal del acusado y al dinero que este posee y que le permitirían huir del país, el juez Stacy decidió en la audiencia del 10 de abril de 2018 que De León Pérez no era merecedor del beneficio de libertad bajo fianza. Por Maibort Petit @maibortpetit Investigación completa y documentos aquí.
Del buque fantasma a la plafatorma Aban Pearl: más corruptelas que Saab quiere tapar
El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, al emitir su pronunciamiento y decisiones en torno a la contratación del llamado “buque fantasma” de PDVSA, pasa por alto el contrato previo de la plataforma semi sumergible que estuvo plagado de irregularidades y que ahora se encuentra bajo investigación federal en los Estados Unidos. Los responsables de la primera contratación y algunos de los que participaron en la segunda no han sido tocados por la justicia ‘selectiva’ del Ministerio Público venezolano. La contratación de arrendamiento del buque fantasma Petrosaudí Saturn—también denominado barco taladro Songa Saturn— a la empresa PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. por parte de PDVSA Servicios, S.A. del 21 de agosto de 2010, es un hecho derivado del accidente que sufriera la plataforma Aban Pearl el 13 de abril de 2010 cuando esta se hundió en las costas del oriental estado Sucre. Se trataba de una gabarra propiedad de la empresa Aban Offshore Co., de la India, la cual había sido alquilada a Petróleos de Venezuela en 2008 por un período de cinco años para la exploración y explotación de gas natural, como parte del proyecto Mariscal Sucre. Una operación que se transó con la intermediación de la PetroMarine Energy Services LTD., compañía registrada en Singapur en agosto de 2008, poco antes de firmarse el contrato. Este hecho es silenciado por la fiscalía general a cargo de Tarek William Saab, quien no ha hecho referencia al contrato inicial que -inclusive- fue presentado con evidencias por diputados de la Asamblea Nacional que pidieron para el momento al Ministerio Público presidido por Luisa Ortega Díaz, averiguar las irregularidades de la contratación de la cuales acusaban directamente al presidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño, al presidente de la filial, PDVSA Servicios S.A, Luis Figueroa y a la representante que firmó el contrato por la empresa Petro Marine Energy Services LTD, Krishna Nittala. Por Maibort Petit/Venezuela al Día @maibortpetit Investigación completa aquí.
Los papeles secretos de Andorra (Parte III)
Serie: Los papeles secretos de Andorra (Parte III) Los principales protagonistas del blanqueo del dinero de PDVSA. El enrevesado mecanismo de lavado de dinero proveniente de comisiones pagadas a funcionarios del gobierno a cambio de la aprobación de contratos de Petróleos de Venezuela, S.A. fue articulado por un grupo capitaneado por Diego Salazar y Nervis Villalobos. En esta entrega le damos a conocer sus perfiles de los funcionarios que se convirtieron en criminales de la justicia internacional y hasta la venezolana. Una rogatoria internacional dirigida por la titular de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra, la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2012, solicita información acerca de si en el país existen investigaciones abiertas por corrupción con relación a un grupo de personas y empresas a manera de cotejarlas con las que su despacho adelanta por la presunta comisión del delito de blanqueo de dineros o valores por parte de los referidos ciudadanos. El pedido, formulado por la juez en el año 2012, obedece a las diligencias de rastreo que desde el Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra se inició en aquel entonces por la denuncia formulada por la oficina de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos con relación a un gerente de la Banca Privada de Andorra, BPA, que había recibido grandes comisiones por parte de intermediarios venezolanos para crear empresas de maletín que sirvieran para legitimar alrededor de 2 mil millones de dólares provenientes de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales, operaciones que en total involucraban el manejo de 4 mil 200 millones de dólares provenientes de Venezuela. A las averiguaciones del Fincen y de la jueza Mingorance Cairat, se sumaron las investigaciones periodísticas que comenzaron a arrojar información que revelaba el funcionamiento de la gigantesca trama de corrupción con la que los indiciados estaban desfalcando el erario venezolano. Por Maibort Petit @maibortpetit Investigación completa y documentos aquí.
Piden a E.E. U.U investigar donaciones de CITGO a una fundación del ex pelotero venezolano Roger Cedeño
Una denuncia elevada al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS) pide investigar las finanzas personales y las de la Fundación con sede en E.E. U.U. del ex grande liga venezolano. Los denunciantes creen que existe presunta malversación de los fondos donados por Citgo al ex deportista simpatizante de la revolución bolivariana. Roger Cedeño el expelotero adorado por Hugo Chávez. Estuvo en la cima de la fama, ganó millones de dólares y por años fue una de las grandes promesas del béisbol venezolano y norteamericano. No logró convertirse en el «estafador del año» (en lenguaje beisbolista significa haber robado más bases) en 2001, cuando jugaba para los Tigres de Detroit por problemas de disciplina. Lo que sí consiguió fueron donaciones de la filial de PDVSA en los Estados Unidos, Citgo para una fundación sin fines de lucro que está en la picota pública por los oscuros manejos de los fondos recibidos para labores caritativas. Desde el inicio del gobierno bolivariano, Roger Cedeño mostró simpatías por el proceso revolucionario liderado por el fallecido presidente Hugo Chávez, con quien compartió momentos de gloria y la pasión de ambos por el béisbol. Tras la partida del caudillo, el exjardinero de los Cardenales de San Luis ofreció su apoyo al sucesor del finado mandatario, Nicolás Maduro Moros. Esa solidaridad le hizo merecedor de miles de dólares en donaciones de Citgo para una fundación que creo en 2016 y que ahora estaría siendo investigada por señalamientos de malversación de fondos en territorio norteamericano. El ex grande liga, a través de Roger Cedeño Foundation Inc, habría obtenido aportes económicos que, supuestamente, estarían muy alejados de servir a los fines altruistas que pregona de promover el deporte entre los jóvenes más necesitados de Venezuela, según demuestran evidencias y testimonios en nuestro poder. Por Maibort Petit @maibortpetit Artículo completo aquí.
Los papeles secretos de Andorra: La poderosa maquinaria de Pdvsa (Parte I)
Un documento emanado del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra que se está en nuestro poder, revela como Diego Salazar y otros altos personeros del oficialismo —entre ellos Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa, Omar Farías Luces— estaban siendo investigados por blanqueo de capitales valiéndose para ello del establecimiento de un sistema que obligaba a empresas al pago de jugosas comisiones para verse beneficiadas con contratos de PDVSA y sus filiales. De este modo, a través de cuentas de los señalados y de sociedades panameñas por ellos controladas ingresaron a la BPA más de dos mil millones de euros. Amante del vino Pomerol Petrus de 1990 cuyo precio es 5.560 euros la botella, decidió adquirir en diciembre de 2012, 694 unidades del néctar y otras selectas bebidas como Dom Perignon que lo harían extender un pago a favor de Lavinia, en el bulevar de la Madelaine de París, por 493.573 euros. Otras menudencias, como compras en joyerías por tres millones de euros, dos millones en obras de arte, más de medio por alquiler de helicópteros, caviar, jamón, delicatesen, formar su propia orquesta y grabar un disco dada su afición por cantar aunque posea pocos atributos para hacerlo. Comprar por 3,4 millones de euros un centenar de relojes Rolex y Cartier. Pasión y gusto por la buena vida, los placeres y las excentricidades que terminaron delatándolo: una propina de 99 mil euros obsequiada al “concierge” —empleado hotelero encargado de complacer a los clientes— del hotel Crillón en París y que habría llevado a éste a declararla a sus jefes y a estos, a su vez, a referir el hecho a los entes fiscales, encendió las alarmas y dirigió las miradas escrutadoras de las autoridades financieras galas hacia Diego Salazar Carreño. Las averiguaciones llevaron a que la Banca Privada de Andorra, BPA, por orden judicial, congelara el 5 de diciembre de 2012, una de las cuentas que Diego Salazar mantenía en esa entidad. Estados Unidos a través de acciones del FBI, fiscales de Miami y Nueva York, había iniciado la investigación y logró rastrear los fondos irregulares de Salazar desde cuentas de empresas de maletín de Belice y Panamá. Por Maibort Petit @maiborpetit Investigación completa aquí.
Documentos confirman que designación de Calixto Ortega Sánchez como vicepresidente de CITGO viola normas de PDVSA y la ley de los Estados Unidos
El nuevo vicepresidente de Finanza de Citgo goza de un sueldo de USD 717.176,00. como ejecutivo de una trasnacional. Calixto Ortega Sánchez, sobrino del magistrado Calixto Ortega Ríos, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fue designado como vicepresidente de Administración y Finanzas de CITGO en noviembre de 2017 a pesar de haber entrado a la empresa en agosto de ese mismo año, gracias a las gestiones realizadas por el también sancionado por la OFAC, Simón Alejandro Zerpa Delgado y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez. En dicho nombramiento se habrían violado presuntamente las normativas internas vigentes en Petróleos de Venezuela, al igual que los requisitos exigidos por el gobierno norteamericano a las empresas para la aprobación de las visas L1, relativas a la transferencias de ejecutivos de trasnacionales. Información en nuestro poder prueba que el gobierno de los Estados Unidos negó a Calixto Ortega Sánchez la visa H1, relativa a empleados especializados en 2017. Según un testimonio de una fuente -quien pidió mantenerse en anonimato por razones de seguridad- «ante la imposibilidad de obtener la visa H1, Ortega Sánchez solicitó a Delcy Rodríguez ejercer sus influencias para que fuera designado en el cargo de vicepresidente en Citgo, para lo cual se procedió a incluirlo en la nómina de Pdvsa. Ortega Sánchez es uno de los hombres de confianza de Simón Alejandro Zerpa Delgado, quien para ese entonces era el vicepresidente de Fiananzas en PDVSA». De acuerdo a la fuente, «Simón Zerpa perdió poder en Citgo cuando fue sancionado por el Departamento del Tesoro. En cumplimiento a lo establecido en las sanciones de la OFAC, los empleados de Citgo -una empresa que se rige por las leyes estadounidenses- no podían recibir llamadas ni correos de Zerpa Delgado. La fuente aseguró que «ante la insistencia de mantener el control del Citgo, Zerpa Delgado no paró de enviar comunicaciones a los ejecutivos, razón por la cual fue bloqueado permanentemente en el servidor de la filial estadounidense de PDVSA. Ante esa situación, Zerpa Delgado gestionó de manera fraudulenta todos los «requisitos legales» para que Ortega Sánchez lograra la aprobación de la visa L1 establecida para la Transferencia de Ejecutivos de Multinacionales», dijo la fuente. Por Maibort Petit @maibortpetit Investigación completa aquí.
Camimpeg, SPS y Glencore habrían violado sanciones impuesta por EEUU contra Venezuela
Camimpeg se encuentra bajo investigación federal en los Estados Unidos. La empresa militar del gobierno de Venezuela y la firma contratista SPS Oil Production habrían logrado ganancias por 1.67 millones bdp, equivalente a unos 90.18 mil millones de dólares americanos. Se estaría hablando de 1 billón de dólares americanos de reembolso por servicios de producción de petróleo. El gobierno de los Estados Unidos estaría considerando sancionar a la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas CA (CAMIMPEG), creada en 2016, en conjunto con otras empresas asociadas, una con sede en Inglaterra, cuya denominación legal es Southern Procurement Services (S.P.S) LTD, otra llamada Palmat International y la gigante Glencore motivado a que dichas corporaciones presuntamente habrían violado las sanciones impuestas por los Estados Unidos a funcionarios venezolanos, y estarían envueltas en un esquema de corrupción y lavado de dinero. ¿Cómo funcionan Camimpeg y S.P.S LTD? La Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas CA (Camimpeg) y una empresa asociada, Southern Procurement Services (S.P.S) LTD, fueron utilizadas por un grupo de altos militares para cobrar servicios de intermediación en contratos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Los militares a cargo, junto con un grupo de civiles asociados, se lucraron con dineros del erario público venezolano. CAMIMPEG fue creada el 10 de febrero de 2016 por decreto presidencial N° 2,231 publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela N° 40.845. Es una empresa con capital 100 por ciento venezolano. De acuerdo a los récords oficiales, Camimpeg se dedica a la planificación, coordinación, vigilancia y ejecución de servicios de petróleo, gas, minería y otros relacionados a estas actividades, que permitan incrementar el desarrollo de tecnología para la industria militar, de acuerdo a las necesidades integrales de la defensa de la nación, con el objetivo de cooperación con el Estado venezolano en el uso y administración de los recursos naturales estratégicos. La investigación señala que Camimpeg fue creada bajo el mismo modelo de la empresa cubana GAESA a los fines de proveer a los militares venezolanos acceso a la venta y comercio del petróleo. Las oficinas principales de la compañía están ubicadas en Parque Central, Torre Oeste, Piso 36 en Caracas, Venezuela. Por Maibort Petit @maiborpetit Investigación completa aquí.
Ejecutivos de Citgo fueron enjuiciados por un acuerdo de endeudamiento que nunca se concretó
Un informe revela que razón jurídica para continuar con el juicio de los seis ejecutivos que están tras las rejas en Caracas nunca se produjo pues el acuerdo de refinanciamiento de la deuda global de CITGO con las firmas privadas Apollo/Frontier nunca se ejecutó y la filial de PDVSA en los Estados Unidos nunca pagó por la intermediación ni por los servicios puesto que la negociación no tuvo lugar y los cargos nunca se generaron. Debido a la engorrosa situación del mercado y al alto riesgo país, aunado a las sanciones de la OFAC sobre PDVSA —hasta el momento— el acuerdo firmado por CITGO con las firmas financieras privadas no ha sido concretado. Nuevas evidencias prueban que el acuerdo firmado por los directivos de CITGO Petroleum Corporation y CITGO Holding y aprobado por la junta directiva de PDVSA, con las firmas Apollo Global Management LLC, con sede en Nueva York, y Frontier Management Group Ltd., ubicada en Dubai, para comenzar las negociaciones de la propuesta alternativa de refinanciamiento de la deuda adquirida en los años 2014 y 2015, no se ha concretado debido a una serie obstáculos administrativos y jurídicos que incluyen el necesario pronunciamiento que debe emitir la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC, para poder darle legalidad al trato. En documentos en nuestro poder se explican cómo se dieron los pasos para la presentación en junta directiva de la propuesta de endeudamiento con las entidades financiadoras Apollo y Frontier y se señala que no se concretó y que, ni CITGO ni PDVSA, efectuaron ningún pago a las mencionadas firmas, razón por la cual no se adquirió una nueva deuda, diferente a la que se acordó con la empresa petrolera rusa Rosneft ($1.5 billones) y las correspondientes a las garantías de las acciones de CITGO como respaldo a los bonos de PDVSA (2020) equivalente a un 50.1 por ciento del conglomerado de refinerías ubicadas en los Estados Unidos y que son propiedad del estado venezolano($2.0 billones). De acuerdo a uno de los informes titulado: “Consideraciones sobre el proceso de reestructuración de la deuda global de CITGO”, existen una serie de factores que han influido en que hayan cambiado las condiciones de mercado para la deuda de la filial de PDVSA ubicada en los Estados Unidos. Igualmente se señala que la calificación de riesgo de Venezuela y de PDVSA, al igual que las consecuencias de las sanciones impuestas por el Departamento de Tesoro estadounidense a la empresa petrolera venezolana, ha influido en que los acuerdos aprobados por la junta directiva de PDVSA no hayan podido ejecutarse en los términos en los cuales fueron convenidos por los directivos de la estatal petrolera venezolana que fue la instancia donde se decidió aprobar los términos de la adquisición de una nueva deuda. Por Maibort Petit @maibortpetit Investigación completa y documentos aquí.