Los casos de discriminación hacia los empleados públicos van en aumento. Diosdado Cabello insta a denunciar a los que firmaron contra Maduro.
La discriminación política existente en el país va en aumento. Ya no bastan las denuncias sobre las entregas “a dedo” de los CLAP, ni las ayudas sociales solo para favorecer a los seguidores del oficialismo. El miedo se ha consolidado en el sector de los empleados públicos, donde la persecución se ha hecho un método de supervivencia.
“El anuncio de Diosdado Cabello de perseguir a quienes firmaron en contra de Maduro demuestra su desesperación. Ellos van ahora a enfilar baterías en que la lucha sea entre venezolanos, como no pudieron ni podrán con la Unidad, prefieren jugar a la discriminación” refiere un empleado del sector público.
A pesar de que los casos de discriminación continúan en aumento, representantes del Parlamento nacional desestiman las declaraciones del diputado Diosdado Cabello. Para ellos, son actos que en nada favorecen a un gobierno que tiene serias deudas con sus seguidores.
“Esa actitud de amedrentamiento, es típica de los gánster que ostentan el poder en Venezuela. Ellos (los diputados) no tienen competencia para ejecutar acciones de despido. Es por ello que ante la amenaza del gobierno a través de sus diversos voceros, el pueblo ha decidido ir a la calle a manifestar la solicitud de cambio” señala Armando Armas diputado por el estado Anzoátegui.
Armas destaca que a pesar de la inamovilidad laboral decretada por el Presidente de la República, empleados públicos de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) han denunciado persecución y despidos, luego de prestar apoyo durante la visita del diputado a la sede del organismo la semana pasada.
“Ya tenemos conocimiento de esa situación y junto al equipo de abogados que me acompaña, estamos trabajando la manera de abordar la situación. Allí hay y severo caso de violación de la constitución, violación del derecho al trabajo y a la inamovilidad decretada por el presidente” señala Armas.
Denuncia avanzada
Otro ejemplo de persecución por participaciones políticas distintas a las organizadas por el gobierno se gesta en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), donde cientos de trabajadores fueron despedidos por haber firmado para activar el referendo revocatorio.
“Esta situación se ha ido manejando de dos maneras, una parte administrativa por ser estos trabajadores de carrera y otra instancia, la cual será presentada ante el Ministerio Público porque hay una clara violación de los derechos humanos por afectar el derecho al trabajo y el derecho a la libre manifestación política” señala Manuel Ferreira, uno de los abogados que lleva adelante el caso.
En los próximos días, estas denuncias podrían presentarse ante diversos organismos internacionales que amparan los Derechos Humanos, para buscar que estos consignen mayor atención hacia lo que sucede en Venezuela.
“Estamos agotando las vías judiciales internas, para después nosotros ir a órganos internacionales para exponer el caso. Nosotros estamos pidiendo el restablecimiento del estatus laboral” refiere el profesional