La inexistencia del Estado de derecho, vulnerado por el Gobierno de Nicolás Maduro, mantiene en la calle al pueblo venezolano.

La crisis que vive Venezuela en lo económico, en lo político y social es muy delicada, máxime cuando el Estado de derecho ha sido vulnerado  por el Gobierno de Nicolás Maduro, en un ejercicio peligroso de autoritarismo disfrazado, pues ante el mundo, el mandatario se presenta como un demócrata electo por el voto popular, aunque en la práctica, en Venezuela existe un gobierno militar.

Así se desprende de lo dicho por el ex constituyente y catedrático, Elías López Portillo, quien fue fundador del Movimiento V República, MVR, fundado por Hugo Chávez en 1998 y desaparecido siete años después, cuando surgió el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV del cual se separó por diferencias políticas.

El especialista en derecho constitucional  precisa que ante las circunstancias y dado el desconocimiento de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, pese a ser el Legislativo el depositario de la voluntad popular, la salida no puede ser otra que invocar al poder constituyente originario, es decir, al pueblo.

Estado de derecho ¿qué hicieron con él?

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española DRAE,  el Estado de derecho es aquel Estado democrático en el que los poderes públicos íntegramente se someten a las leyes y reconocen las garantías constitucionales.

Según publicación del Dr. Carlos J. Sarmiento Sosa en el  diario El Universal, el Estado de derecho en lenguaje legal,  es el que se rige por un sistema de leyes e instituciones reguladas por una Constitución -o Carta Magna como también se la ha denominado-, que viene a ser el fundamento jurídico del Poder Público, por lo que cualquier actuación de cualquiera de sus ramas, sea Ejecutiva, Legislativa o Judicial, debe estar sujeta a una norma jurídica escrita y preexistente, de manera que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente, creando un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público, que es lo que se conoce como seguridad jurídica.

Una lectura rasante a tal definición, permite inmediatamente inferir que en Venezuela no existe Estado de derecho, por lo que la población en la actualidad se encuentra en una condición de total indefensión, ante un Gobierno totalitario aunque se presente como demócrata, pues solo los dictadores desconocen como  ha hecho Maduro,  la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano, expresada en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

El TSJ ha dado un Golpe constitucional

Sobre la realidad política del país también Francisco Abad, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho ofrece su interpretación, señalando que ha sido dado un Golpe de fuerza continuado a la Carta Magna,  por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se ha colocado por encima de la máxima norma, al decretar que está incluso por encima de los ciudadanos.

«Ahí están los ejemplos, la sala Constitucional del TSJ se ha decretado soberana y no atiende ni a la Constitución ni al cambio político ocurrido en diciembre pasado, cuando la votación que eligió la Asamblea Nacional fue tan abrumadora que todos los Poderes debieron leer que el país quiere cambio y la soberanía reside en el pueblo».

Sin embargo,  advierte que el TSJ lo primero que hizo a través de la sala Electoral, fue desconocer a los diputados electos por el estado Amazonas, mientras a lo largo de todo este año, la sala Constitucional ha ido desconociendo cada una de las leyes aprobadas por el poder Legislativo.

«El TSJ ha colocado un muro alrededor de la Asamblea Nacional y le ha puesto un cerco para que no pueda actuar tal y como lo ordena la Constitución de la República».

Frente a esta circunstancia, Abad estima que como representante genuino del pueblo venezolano, la AN está llamada a calificar la sala Constitucional del máximo tribunal y luego pasar a desconocerla en base a los mecanismos de defensa que propone el Texto Fundamental.

«La Constitución tiene los artículos 333 y 350 según los cuales cualquier órgano del Poder publico que pretenda menoscabar los derechos establecidos en la Constitución, deben ser desconocidos por el pueblo, esté uno o no investido de autoridad».

Dicho esto se infiere, que cualquier ciudadano está llamado a defender lo que establece la Constitución, porque hay un poder que se ha colocado por encima y la ha violentado, centralizado el Poder que tiene 5 ramas, en el presidente de la república, violentando el Estado de derecho.

«Los ciudadanos debemos desconocer los actos del TSJ a través de la sala Constitucional y Electoral, porque sus actos son  írritos, al pretender colocarse por encima de la Constitución».

El pueblo tiene la última palabra

Sobre el artículo 350, el ex constituyente Elías López Portillo, afirma que al momento de la redacción a la reforma de la Carta Magna, apareció de golpe y sin revisión por parte de la Comisión que presidía Hermán Escarrá y que según explica, no tuvo debate, pero tiene plena vigencia. En él se establece que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana , a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad, que contraríe los valores, principios y garantías democráticas, o menoscabe los derechos humanos».

El ciudadano común ha comenzado a interiorizar estos mensajes, de ahí que en los últimos días, ha sido común escuchar al venezolano llano decir que está dispuesto a no abandonar la calle y a mantenerse en rebeldía.

«Ya no tenemos nada que perder, éste Gobierno nos ha quitado todo, hasta el miedo», asevera Luisa Canache, quien dijo estar dispuesta a acogerse al artículo 350.