El Tribunal Supremo de Justicia dio la bienvenida a la Apertura Judicial del año 2017, el acto estuvo encabezado por la presidenta del Máximo Tribunal del país, la magistrada Gladys Gutiérrez, quien aseguró que durante el 2016 se emitieron un aproximado de 131 mil 571 sentencias mensuales, al tiempo que alegó que sus “posturas son totalmente independientes de las partes en juicios”.
Gladys Gutiérrez aseguró que La Sala Constitucional “emitió numerosas sentencias de Estados en las que se vertieron estudios y análisis pertinentes desde la ciencia del derecho constitucional para lograr dar solución a la situación suscitada por el Poder Legislativo”. Asimismo, resaltó que las sanciones realizadas por el TSJ “han ayudado a subsanar la coyuntura social” que vive el país. Indicó que en todo el 2016 fueron emitidas un millón 591 mil 661 sentencias por el Poder Judicial, en todos los ámbitos materiales y territoriales.
“Podemos destacar que la Sala Constitucional, en el cumplimiento de su deber resolvió numerosas demandas dando decisiones indispensables para el normal funcionamiento del Poder Público Nacional y el desenvolvimiento de la vida democrática en el país”.
Gutierrez detalló que después de una década ha sido activado el sistema de titularidad de jueces, en la que la Sala Plena dictó las normas que permiten el ingreso y permanencia de jueces mediante concursos de evaluación. “Como cada ejercicio fiscal guardamos el anhelo de haber cumplido con la Patria, con el pueblo, con la Providencia, ejerciendo con probidad y honor la toga judicial”, aseveró.
Por su parte, el vicepresidente de la Sala Electoral, Magistrado Malaquías Gil Rodríguez, pronunció el discurso de orden en la Apertura Judicial, e indicó que la administración de justicia en el campo electoral, una de las tareas del Tribunal Supremo de Justicia, debe reorganizarse para garantizar su aplicación en todos los espacios de organización popular que así lo requieran y, con ello, contribuir a la preservación de la paz social.
Para nadie es un secreto que el TSJ durante el 2016, fue el brazo ejecutor de las órdenes del Gobierno nacional para impedir y anular las actuaciones legales de la Asamblea Nacional, elegida de forma constitucional y democrática por la mayoría de los ciudadanos el 6 de diciembre del 2015, lo que deja al descubierto que muchas de esas sentencias emitidas por el TSJ en el 2016, más que ayudar a preservar la paz, contribuyeron a profundizar el choque de poderes en Venezuela, que solo ha traído como consecuencia que cada día sean mas difíciles de resolver los problemas que atañen a los ciudadanos.