La Fiscalía General de la República iniciará las investigaciones para conocer si funcionarios venezolanos recibieron sobornos de Odebrecht.
La Fiscalía General de la República investigará si funcionarios del Gobierno nacional, encabezado por Nicolás Maduro, recibieron sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, para ejecutar grandes obras en el país. Así lo informó, la titular de esa institución, Luis Ortega Díaz, en su programa radial de la semana, quien apuntó que algunos funcionarios venezolanos serán citados para revisar si recibieron pagos irregulares de la constructora de Brasil.
Ortega Díaz, precisó que fue solicitada una rogatoria al Ministerio Público de la República de Brasil, además de intentar coordinar que un fiscal de la institución se traslade a ese país para entrevistar a Marcelo Odebrecht. Agregó que ya fue solicitada a las autoridades de Suiza información sobre cuentas de venezolanos en ese país.
Por su parte la Organización No Gubernamental Transparencia Venezuela propuso la creación de un grupo de trabajo integrado por fiscales de distintos países de América Latina para investigar la red de sobornos de Odebrecht.
“Es necesaria una investigación de un grupo autónomo, con mecanismos internacionales de apoyo. Por eso proponemos una ‘task force’ (grupo de trabajo) con todos los fiscales de Argentina, Perú, Panamá”, dijo Mercedes De Freitas, directora de la organización, durante un foro sobre corrupción celebrado en Caracas.
Cabe recordar que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado sobornos en distintos países, incluido Venezuela, para obtener contratos de obras públicas. En diciembre del año pasado el departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó un documento el cual reveló que la empresa constructora brasileña Odebrecht y sus cómplices pagaron aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos a 11 países, además de Brasil, a partir de 2001, relacionados con más de 100 proyectos.
En el caso de Venezuela, se registra uno de los pagos más altos realizados por Odebrecht al entregar aproximadamente 98 millones de dólares a funcionarios gubernamentales y los intermediarios con el fin de obtener y mantener los contratos de obras públicas.