Amnistía Internacional asegura que el decreto de Estado de Excepción, pone aún más en riesgo «la frágil situación de los derechos humanos en Venezuela».

La noche de este viernes el presidente Nicolás Maduro anunció el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica para todo el país, por lo que la comunidad nacional e internacional se estremeció ante un nuevo control por parte del gobierno venezolano.

La organización Amnistía Internacional se pronunció al respecto y aseguró que el Estado de Excepción «pone en riesgo la frágil situación de los derechos humanos en Venezuela».

Marcos Gómez, director ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela señaló que «el catálogo de abusos a los derechos humanos que se han registrado en el contexto de operativos de seguridad y orden público durante Estados de Excepción en Venezuela en el pasado han sentado un precedente alarmante».

En el texto de Amnistía Internacional se semana que debido a la situación que por la que atraviesa Venezuela de escasez de alimentos y medicamentos, alta tasa de homicidios y crisis eléctrica, lo cual afecta los derechos de la población, lo más común es que se presenten protestas, sin embargo señalan que «las medidas derivadas del Estado de Excepción no deben ser usadas para reprimir las manifestaciones pacíficas, en especial aquellas que tengan que ver con reclamos por derechos sociales, económicos y políticos y que, de ninguna forma, sirvan para justificar la detención arbitraria de quienes participen en estas».

“El gobierno de Venezuela debe recordar que los Estados de Excepción no derogan ni suspenden el ordenamiento jurídico nacional e internacional, de manera que los cuerpos de seguridad y los funcionarios siguen siendo responsables por sus actuaciones u omisiones e, igualmente, que tampoco suspende el ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la protección de los derechos humanos» resaltó Marcos Gómez.

Es importante recordar los antecedentes de decretos de Estado de Excepción en Venezuela en los años 1989, 1992 y 1999 durante los cuales se cometieron «violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que todavía no han sido efectivamente investigadas ni sus víctimas reparadas adecuadamente».

En Táchira, Apure, Zulia y Amazonas, el gobierno nacional mantiene el Estado de Excepción desde los meses de agosto y septiembre, afectando de manera significativa a los habitantes de estas zonas fronterizas que permanecen militarizas y donde se han producido deportaciones a ciudadanos de nacionalidad colombiana, detenciones y desalojos así como tratos crueles y separaciones de familias.