En las últimas semanas dirigentes políticos han sido detenidos, y trabajadores despidos por apoyar el revocatorio.

En menos de dos semanas, siete dirigentes de Voluntad Popular han sido detenidos, en el marco del proceso preparatorio para el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Un hecho más que se suma a la larga lista de retaliación política que arrecia en el país.

Primero fueron Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, dirigentes de Voluntad Popular detenidos en Cojedes. Ambos se dirigían a Portuguesa para el proceso de validación de firmas por el revocatorio.

La detención obedeció por portar más de dos millones de bolívares que presuntamente no pudieron justificar. Sin embargo, la dirigencia alega que el monto era menor, siendo el presupuesto para la logística del proceso que se dio entre el 20 y 24 de junio.

Recientemente vino el turno para Oswaldo Rodríguez, Peter Pérez, Sergio Morales, Carlos Briceño Cabrera y Alvin Bridgewater, miembros de la dirección juvenil de Voluntad Popular.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo al primero, supuestamente por posesión de material incendiario. Los jóvenes desmienten la acusación y alegan que solo portaban panfletos de Leopoldo López que repartirían durante un volanteo.

Los otros cuatro cayeron en la trampa del Sebin. Les dijeron que ingresaran a la sede para retirar sus cédulas de identidad y celulares, decomisados durante la requisa al momento de la detención de Rodríguez. Una hora después, informaron que estaban detenidos.

Para la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se trata de elementos para distraerlos de su objetivo principal, el revocatorio contra Maduro.

“Lo que buscan es distraernos. Tenemos que estar muy pendientes del CNE y estar montados en el revocatorio, ahora tenemos que ocuparnos de los chamos que están presos también. Todos tenemos que tomar previsiones y no andar inventando y caer en la trampa del gobierno”, dijo una fuente de la MUD en Caroní.

¿Escenario preparado?

Desde la recolección del 1% de firmas, ya habían amenazas de despidos contra empelados del sector público. Durante la fase de exclusión continuó el amedrentamiento, pero no todos cedieron. Fueron despedidos, como los funcionarios del Seniat y Corpoelec. A ellos se suman trabajadores de Venalum y Ferromienra.

A ninguno se les dio justificativo de despido, pero previamente habían advertido sobre no apoyar el revocatorio. Todo indica que se trata de una estrategia para desmovilizar para los próximos pasos para la salida constitucional de Nicolás Maduro.

Sin embargo, en el seno de la MUD hay otra discusión. Si bien comparten la teoría de que se intenta distraerlos de su objetivo de revocar a Maduro, otros sospechan de un escenario preparado para tomar auge de cara a las elecciones regionales.

“Se trata de una persecución política por el crecimiento que ha tenido Voluntad Popular” dijo la diputada Ligia Delfin.

El coordinador municipal del partido naranja, Luis López, secunda el argumento de la parlamentaria También agrega que la retaliación obedece al auge del diputado francisco Sucre como posible candidato a la gobernación del estado Bolívar.

Otros en la mira

Una fuente del Sebin mantiene la versión de que las detenciones han sido para evitar “guarimbas” ya planificadas, preparando las aprehensiones desde día atrás, aunque nunca mostraron órdenes de captura.

Por otra parte, asegura que cuentan con más órdenes de captura contra otros dirigentes de Voluntad Popular.

Mientras tanto, crea suspicacia que antes de que el Sebin diera respuesta, o siquiera se supiera el paradero de Oswaldo Rodríguez cuando fue detenido, ya que la acción fue cometida por funcionarios vestidos de civiles, la ex diputada del PSUV informaba por twitter sobre la detención, revelando también la supuesta posesión de material explosivo.

Lo mismo ocurrió con el secretario de Política de la gobernación del estado Bolívar, Horacio Alarcón, cuya información divulgó a través de un grupo de Whatsapp, llamado Grupo Diario El Luchador. Fotos dentro del Sebin también habrían sido tomadas por un dirigente del PSUV, según denunció la diputada Delfín.

El tema de la persecución política arrecia en Guayana, mientras se mantiene la incertidumbre de si este año se logrará o no activar el referendo revocatorio contra Maduro.