Los miembros de la Asociación de Alcaldes por Venezuela rechazaron este miércoles la destitución de Gustavo  Marcano Antúnez de su cargo como alcalde de Lechería, estado Anzoátegui.

Los alcaldes venezolanos emitieron un comunicado de repudio a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de destituir y dictar orden de captura en contra del alcalde de Lechería, Gustavo Marcano Antúnez, quien según el TSJ deberá pagar una condena de 15 meses de prisión. En ese sentido, reiteraron que los jefes de los gobiernos municipales han sido víctimas de hostigamientos por parte del Gobierno nacional desde 2014, tomando en cuenta que varios de estos mandatarios, de tendencia opositora, han sido sometidos a procesos institucionales y judiciales en los últimos años.

“Este tipo de procedimiento no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico vigente, constituyen la violación de las garantías al debido proceso, derecho al juez natural, derecho a la defensa y derecho a la doble instancia judicial, además de producir destituciones de alcaldes por vías y causas distintas a las taxativamente determinadas en las leyes venezolanas, violentando la voluntad del soberano pueblo de Venezuela”, cita el comunicado de la Asociación de Alcaldes por Venezuela.

Igualmente, también repudiaron las citaciones impuestas a Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, y a Alfredo Ramos, alcalde de Iribarren, a audiencias que tienen como objetivo la destitución de los funcionarios, tal como pasó con Gustavo Marcano Antúnez, quien aseguró que no acatará las sanciones interpuestas en su contra apegándose a lo establecido en el artículo 350 de la Constitución de la República y desconociendo al TSJ elegido de forma exprés en diciembre de 2015.

Cabe recordar que, el TSJ alegó que, la medida fue ejecutada por “desacato del mandamiento de amparo constitucional cautelar, de conformidad con el artículo 31 de la ley antes señalada». De igual manera precisó que, durante el cumplimiento de la sanción se declara inhabilitación política a Gustavo Marcano, como sanción accesoria, y que el centro de arresto establecido será la sede del Sebin, ubicada en Caracas, hasta tanto el juez de primera instancia, en funciones de ejecución determine el sitio definitivo de reclusión.