Dirigentes del PSUV denunciarán ante el Ministerio Publico a miembros de Voluntad Popular y Primero Justicia por sucesos durante la Toma de Venezuela.
Legisladores de la fracción oficialista del Consejo Legislativo del estado Zulia indicaron que consignarán ante el Ministerio Público una denuncia formal contra los dirigentes del partido Voluntad Popular Ángel Machado y Gustavo Fernández, además del diputado a la Asamblea Nacional, Avilio Troconis, miembro del partido Primero Justicia, por presunta participación intencional en los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles 26 de octubre durante la Toma de Venezuela.
José Luis Acosta, vicepresidente de ese parlamento, criticó que la marcha opositora contaba con una ruta planificada que partía desde la avenida Delicias con 5 de Julio y llegaría a la sede principal del Palacio de Justicia en el casco central de la ciudad de Maracaibo, pero que supuestamente estos dirigentes de oposición instigaron con altavoces a los manifestantes a marchar hacia la Circunvalación 1 para llegar hasta el Puente sobre el Lago de Maracaibo y tomarlo en protesta, sin tener autorización para cruzar al municipio San Francisco.
“No se puede justificar que un grupo de violentos direccionados por Voluntad Popular desviarán la marcha por el camino de violencia para reeditar las acciones de 2002”
“Rechazamos con contundencia todo acto de violencia, venga de donde venga, y que algunos jóvenes resultaran lesionados”, sentencia Acosta.
Precisa que las supuestas acciones de los dirigentes opositores representan un grado de intencionalidad de alterar el orden público con la finalidad de dañar la imagen de figuras políticas.
Por estas razones, se encuentran convencidos de que Machado, Fernández y Troconis, incurrieron en delitos penales, por lo cual consideraron que ante esta situación, la alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, debe presentarse ante el Ministerio Público para que suministre la información de las personas que solicitaron el permiso para la marcha y este, a su vez, debe abrir las investigaciones necesarias para precisar las responsabilidades penales que requiera el caso y determinar quienes verdaderamente instigaron los actos de agresión contra los marchantes.