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Foto: Correo del Caroní

El director del diario el Correo del Caroní fue sentenciado a condena en un juicio express por informar en 2013 sobre un caso de corrupción de CVG Ferrominera Orinoco.

#InformarNoEsDelito fue el hashtag que se hizo tendencia a escala mundial: ¿El motivo? las redes sociales se expresaron en contra del juicio express realizado al director del Correo del Caroní, David Natera Febres, con motivo de la cobertura informativa que hizo este diario sobre el caso de corrupción en CVG Ferrominera Orinoco en 2013.

La condena a Natera fue a cuatro años de prisión por delitos de difamación e injuria continuada, la cual cumplirá sin salir del país y presentándose cada 30 días a un juzgado. Además, el medio es censurado, se le prohíbe publicar noticias relacionadas con un empresario de la región, relacionado con un caso de corrupción en Ferrominera Orinoco.

Damián Prat, columnista de Correo del Caroní, contó en el programa La Fuerza es la Unión de Jesús Chuo Torrealba que todo comenzó cuando la fiscalía abrió una investigación en la que se acusaba al presidente de la empresa y a empresarios vinculados al gobernador Rangel Gómez. El diario publicó las actas y toda la información y por eso se le acusa de difamación.

Sin embargo la excusa con la que se sentencia al medio es que no se podía informar hasta tanto no hubiera una «sentencia firme del caso», muy a pesar que tanto el presidente de la industria estatal como el empresario fueron a la cárcel por este caso.

«El periodismo que se hizo entonces era impecable. No había juicios de valor ni nada que no fueran hechos reales», dijo Prat.

Lo que sigue: la demanda civil de un sentenciado por estafa

Prat explicó que el siguiente paso en el caso del Correo del Caroní es una demanda civil por parte del empresario que fue sentenciado por este caso y que estuvo dos años y medio preso.

«Esta es una demanda en la que se pide embargar los bienes del periódico y un resarcir económico insólita. Lo que busca es cerrar y eliminar un medio de económico independiente que no está controlado por el gobernador Rangel Gómez».