El 21 de diciembre cuando se cumplía la prórroga del decreto del estado de excepción en la frontera de Táchira con Colombia, no hubo pronunciamiento del gobierno nacional, el tema fue ignorado. Pero el estado de excepción ya ceso, fue la interpretación desde lo jurídico que hizo el abogado constitucionalista Pedro Afonzo Del Pino.
“el estado de excepción ya cesó en la frontera, porque ya se cumplió la prórroga”
El 21 de agosto se dictó la prórroga del decreto de estado de excepción, también de 60 días y en la frontera había expectativa y angustia esperando que la apertura del paso regular hacia Colombia se diera este lunes 21, pero nada pasó. En la zona sigue el despliegue militar y el paso es restringido, permitido sólo con salvoconductos especiales aprobados por la autoridad militar de los municipios fronterizos del estado Táchira.
El gobernador del Táchira José Vielma Mora, sólo expresó al respecto, en su programa radial del lunes, que:
“los tachirenses de buena voluntad no quieren que se aperture la frontera”.
Es una zona, no una línea
“Es ilógico el cierre de la frontera durante tanto tiempo, está afectando la vida comercial y el desenvolvimiento natural. Se comparten espacios económicos, geográficos y humanos”, agrega el abogado constitucionalista Del Pino que más allá de lo jurídico la frontera es una zona, no un punto limítrofe.
La diputada electa por frontera Gómez dice que de no abrir el paso convocarán desde la Asamblea Nacional un referéndum consultivo¿Es eso posible desde lo jurídico?
“La Asamblea Nacional puede convocar a referéndum consultivo en el país o la zona que esté afectada. Se hace para consultar a la gente sobre materias de especial interés de la población”.
La ejecución del referéndum corresponde al Consejo Nacional Electoral, pero su convocatoria y redacción de la pregunta es materia de la Asamblea Nacional.
“Creo que es innecesario llegar a la convocatoria del referéndum para resolver esa situación, especialmente si el gobierno ve los resultados electorales en el Táchira”.
“Estamos, sobre todo ante una violación de derechos fundamentales de la gente que vive en la frontera, el cese del estado de excepción es un avance, lo que debe entender el gobierno es que el cierre de la frontera no puede ser una medida permanente, es inconstitucional se están afectando derechos económicos, sociales y el libre tránsito”, puntualizó el experto en leyes.
Once municipios
El estado de excepción alcanzó a 11 municipios del estado Táchira. El 21 de agosto se dictó para los municipios fronterizos de Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta. El 29 de agosto, el presidente Maduro lo hizo extensivo a cuatro municipios más, Lobatera, Panamericano, García Hevia y Ayacucho, sumando 10 en total. En estos últimos mencionados.
Pero el cierre de la frontera ocurre antes que el decreto del estado de excepción. El 20 de agosto de 2015, cierran el paso limítrofe por un lapso de 72 horas, argumentando que tres guardias nacionales y un civil fueron heridos, mientras realizaban inspecciones anti contrabando del lado venezolano.
Antes de que se cumplieran las primeras 72 horas, Nicolás Maduro emite el decreto presidencial -oficializado en la Gaceta Extraordinaria N° 6.194-, de estado de excepción en seis municipios fronterizos del Táchira durante 60 días prorrogables por igual período.
El 29 de agosto anexa cuatro municipios del Táchira al estado de excepción, para un total de 10. La medida no se aplicaba en Venezuela desde hace 16 años y consiste en restricción de derechos constitucionales a habitantes de determinada zona, en este caso, de la frontera.
