En San Cristóbal, capital del estado de Táchira suceden hechos muy particulares, sí se compara con al resto del país. El “bachaqueo” interno no era copioso, los dedicados a esa práctica preferían llevar o vender a otros grupos sus productos, para ser pasados a Colombia y tener más ganancia que lo percibido por ventas en bolívares, dentro de Venezuela. Desde el cierre de frontera el pasado 19 de agosto, esa realidad cambió.
La cantidad de “bachaqueros” que revenden sus productos dentro de la misma ciudad ha aumentado. Mientras que las colas a las puertas de mercados, cadenas de farmacias y perfumerías siguen iguales o mayores, cuando se vende productos regulados.
Los revendedores como Mireya Moncada (nombre ficticio porque teme decir el real), dicen ya no ir a vender a Colombia. “No porque uno no consiga la forma de pasar productos, sé de gente que paga y sigue llevando. No lo hago porque soy educadora, y medio día dedicó a “bachaquear”, hacer colas y todo eso, y medio día a trabajar. A veces no hay clase o saco permiso y lu
ego vendo entre mis amistades, por whatsapp sobre todo. Es que el sueldo de docente no alcanza ni para comer. No debería ser, pero nos arrinconaron de tal modo, que hemos caído hasta en hechos ilícitos. Cuando uno se detiene a pensar, se siente pena de uno mismo y lamenta en lo que convirtieron nuestro país. Pero los que seguimos aquí debemos sobrevivir”.
Marcados
Son diversas las etapas y humillaciones a las que ha debido someterse el tachirenses este último año para obtener alimentos, bienes o servicios. Rosa Benítez recuerda cuando en el Bicentenario, un supermercado del gobierno, los marcaban en la piel para poder venderles: “Eso pasó en marzo y abril de este año. Me marcaron como animal, daban ganas de llorar, uno no tenía en su casa las cosas y se la aguantaba. Después Vielma Mora, ahorita en septiembre, dijo que todos los productos regulados y no, se comprarían por terminal de cédula. 
De excepción
Desde que se estrenó la Constitución Nacional de 1999 en Venezuela nunca se decretó Estado de Excepción, ahora ocurre en 11 municipios del Táchira al unísono con el cierre de la frontera el pasado 19 de agosto. Con la medida quedan varias garantías ciudadanas suspendidas y se permite hacer allanamientos, oír conversaciones privadas, controlar manifestaciones con armas de fuego, se prohíben las manifestaciones públicas, el libre tránsito y se restringe la actividad comercial.
Con esta acción, la economía fronteriza disminuyó y se van a quiebra cientos de comerciantes. Como Mireya Gandica, dueña de un establecimiento de ropa: “Abro porque nos obligan”, de no hacerlo –dice- podrían tomar la tienda y perdería todo. Ella como la mayoría de comerciantes de la zona prefiere no dar la cara para evitar represalias, pero agrega que nunca había vivido situación tan difícil en la ciudad de San Antonio.
El diagnóstico de los primeros 60 días de Estado de Excepción en la frontera refiere de una merma en la producción industrial y la actividad comercial de un 75%, de acuerdo a lo que expone la dirigente de la zona Leidy Gómez.