Después de 13 años, tres personas tuvieron la posibilidad de llevar la denuncia por discriminación política de la lista de Tascón ante la Corte Interamericana.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, realizó una audiencia para tratar los casos de discriminación política de los cuales fueron víctimas, Rocio San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang, quienes trabajaron en el Consejo Nacional de Fronteras (CNF) hasta marzo de 2004, tras ser despedidas por apoyar la solicitud de Referéndum Revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez, y estar incluidas en la Lista de Tascón.
El equipo que demanda al Estado venezolano lo integran 32 personas, entre víctimas, peritos y declarantes; sin embargo, la Corte Interamericana decidió que participarán Rocío San Miguel y el exmagistrado Román Duque Corredor en la audiencia pública.
“La discriminación política se está perfeccionando en Venezuela. Primero fue la Lista de Tascón, luego Maisanta y ahora es el Carnet de la Patria“, dijo Rocío San Miguel durante su interrogatorio como víctima.
La abogada aseguró que el periodo convocado por el Consejo Nacional Electoral para ese derecho político fue del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2003 y que al día siguiente de haber terminado el proceso, Diosdado Cabello (Ministro de Infraestructura, en ese año) dijo que la lista de los firmantes sería expuesta. El 15 de febrero de 2004, el presidente Chávez pidió al CNE que le entregaran estas listas al diputado Luis Tascón y el 16 de febrero el presidente del Poder Electoral así lo hizo, lo que generó una ola de despidos de funcionarios públicos que laboraban en instituciones del Estado venezolano, recordando que la Lista de Tascón fue una base de datos publicada en la página web www.luistascon.com en 2004, que contenía los nombres, apellidos y números de cédula de identidad de todas las personas que firmaron para solicitar la activación del referendo revocatorio del mandato presidencial.
Ante eso Rocío San Miguel agradeció a los jueces de la CIDH, alegando que por primera vez fue escuchada en un tribunal imparcial e independiente, al tiempo que pidió a la institución tomar medidas para que situaciones similares no se vuelvan a presentar en Venezuela.
«Quiero que se sepa la verdad de lo que sucedió con nosotros (…) y que sigue sucediendo. Quiero que se sancione la discriminación política porque está destruyendo el alma de Venezuela y va a acabar llevando a una guerra entre nosotros mismos», expresó San Miguel entre lágrimas.
Por su parte el Estado venezolano presentó al perito César Augusto Tillero, quien se desempeña como asesor jurídico en el país, quien en su exposición señaló que las demandantes trabajaban para el Gobierno con contratos por servicios profesionales y no como funcionarias de carrera. «La ley permitía dar por terminado el contrato sin determinar causas explícitas y sin el requisito de hacerlo con un mes de anticipación», aseguró Tillero.
Al finalizar el debate, los jueces expusieron que tienen hasta el 15 de marzo para decidir qué sentencia dar a este caso y se alegraron por la comparecencia del Estado pues eso da “esperanza de que cualquiera sea la decisión de la Corte” ésta sería aceptada y acatada por Venezuela. Cabe recordar que La CIDH acusa a Venezuela de incurrir en discriminación por razones políticas y de violar los derechos políticos y la libertad de expresión de las tres denunciantes.