En vísperas de las próximas elecciones parlamentarias, que se desarrollarán el venidero 6 de diciembre en Venezuela, el Gobierno nacional ya inundó de publicidad de la campaña electoral las principales calles y avenidas de la zona norte del estado Anzoátegui.
¿El protagonista de esta campaña electoral? El fallecido expresidente Hugo Chávez, quien con su rostro “adorna” los postes y paredes del eje metropolitano de la entidad oriental.
Esta situación ha generado malestar en un gran sector de la población, que considera que se debieron invertir esos recursos en servicios como el aseo urbano, ornato, iluminación, entre otros.
Javier Guacharán, autobusero que cubre la ruta Barcelona-Puerto La Cruz, cree que el Gobierno debería explicar de dónde saca los recursos para la multimillonaria campaña.
“La ciudad está por el piso y esta gente malgasta un dineral para forrar con la cara de Chávez los postes. Es una burla y un descaro con los más pobres”.
Con él coincidió el ama de casa María García, quien cree que se están utilizando los recursos públicos para la promoción de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela.
“Las malas lenguas dicen que están usando la plata de Pdvsa y de la Gobernación para promover la campaña oficialista. Como aquí nadie averigua nada, todo pasará como siempre”.
Confesión del delito
Recientemente, el candidato psuvista por el circuito 1 de Anzoátegui, Ernesto “Chacho” Rodríguez, confesó en una entrevista a un canal de televisión que es “natural” que el Estado use sus recursos para la campaña electoral.
“El que tiene poder es para ejercerlo. Si tenemos una empresa petrolera es para dar apoyo”, admitió “Chacho”.
Esta confesión representa una clara violación al artículo 54 de la Ley Anticorrupción
“El funcionario público que, indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, o de empresas del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado, será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años.”.